Por DÉBORA REY
BUENOS AIRES
Agencia AP
Dos años después que la legalización del aborto naufragara por enésima vez en el Congreso argentino, la iniciativa impulsada por el presidente Alberto Fernández empezó a discutirse ayer.
El proyecto, cuya aprobación podría desencadenar un cambio de paradigma en una de las regiones que más penaliza al aborto en el mundo, establece que las gestantes tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 14.
Argentina, el país natal del Papa Francisco, actualmente penaliza a las mujeres y a quienes las ayuden a practicarse un aborto. Las únicas excepciones que contempla la ley son en caso de violación o riesgo para la salud de la madre.
El proyecto, presentado a mediados de noviembre por el presidente Fernández, un abogado penalista, comenzó a discutirse formalmente en las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Mujeres y Diversidad y Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados.
La secretaria Legal y Técnica de la presidencia, Vilma Ibarra, una de las autoras del proyecto, expresó ante los legisladores que «el gobierno recoge una lucha simbólica de miles de mujeres que nos precedieron. Fueron muchos años de mucha lucha, el Poder Ejecutivo toma una decisión al enviar este proyecto: visibilizar el enorme problema que tenemos en Argentina con los abortos clandestinos».
Según cifras difundidas por el propio gobierno, cada año son hospitalizadas alrededor de 38.000 mujeres por abortos mal practicados. Desde 1983, en tanto, han muerto más de 3.000 mujeres por la misma causa.
Más tarde también expondrán una veintena de representantes de organizaciones de mujeres, del culto católico y profesionales de salud, entre otros, que tendrán siete minutos para argumentar a favor o en contra del aborto.
«El mundo nos está mirando. Serán días decisivos para demostrar que la fuerza organizada nos hace avanzar en derechos y profundiza la democracia. Es urgente, Aborto Legal 2020», expresó la Campaña Nacional por del Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el colectivo de organizaciones feministas que desde hace dos décadas lucha por sacar al aborto de la clandestinidad.
En oposición, el Papa Francisco envió recientemente una carta animando a las mujeres argentinas a protestar contra el proyecto, señalando que la protección de la vida es ante todo una cuestión de ética humana.
«¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema? ¿Es justo alquilar un sicario para resolver un problema?», afirmó la máxima autoridad de la Iglesia Católica.
Por tratarse del segundo país más grande a América Latina, si Argentina aprobara el proyecto podría impulsar un cambio de paradigma en una de las regiones que más penaliza el aborto en el mundo, con excepción de Uruguay, Cuba, la Ciudad de México, el estado mexicano de Oaxaca, las Antillas y la Guayana Francesa.
La despenalización del aborto tuvo su mayor avance en 2018 bajo el gobierno del conservador Mauricio Macri cuando fue aprobada en la Cámara de Diputados pero no prosperó en el Senado tras un debate parlamentario que duró semanas, llevando al extremo la presión que ejercieron sobre los legisladores el movimiento feminista y grupos religiosos, en especial católicos y evangelistas.
Tomando en cuenta esta experiencia, Fernández diseñó una jugada política con la cual busca compensar a la Iglesia católica y a quienes están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo: junto al proyecto de despenalización del aborto envió otro para reglamentar el Programa de los 1.000 días, un subsidio que beneficiará a embarazadas y madres de niños de hasta tres años.
Por otra parte, el nuevo proyecto reconoce el derecho de objeción de conciencia de los profesionales de la salud pero les impone la obligación de derivar a la paciente «en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones».
El médico no podrá negarse a realizar el aborto cuando la vida o la salud de la persona gestante esté en peligro y se requiere atención médica inmediata e impostergable. Si el médico no cumple esas obligaciones será reprimido con prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
Estos ajustes, sin embargo, no le garantizan al presidente un triunfo en el Congreso, donde la mayoría de los parlamentarios son hombres -136 contra 121 mujeres en Diputados y 45 contra 27 en el Senado-.
«Si esto fuera masculino ya se habría sancionado hace tiempo», expresó el ministro de Salud Ginés González García ante los diputados.
Si los partidos dan libertad de acción a los congresistas todo parece indicar que la legalización del aborto será aprobada en Diputados la próxima semana durante el período de sesiones extraordinarias. Pero el resultado de la votación en el Senado es incierto.
