Jorge Raymundo
Ante la aprobación obscura, oculta y desvergonzada del mayor presupuesto visto en los últimos tiempo para el 2021 por el Congreso de la República, cabe preguntar: cuál sería un presupuesto ideal para el desarrollo que necesita Guatemala, dadas las condiciones de pobreza y pobreza extrema que atraviesa una gran parte de la población guatemalteca. Probablemente los noventa y nueve mil millones setecientos mil, queden cortos y no alcanzarían para lograr ese ansiado desarrollo para todos. Es de todos conocidos que para atender las múltiples carencias y la ausencia del Estado en todos los rincones del país y atacar las ingentes necesidades de la población más desposeída más vulnerable y excluida, se necesita invertir. Invertir en educación, en salud, en la alimentación, en la justicia, en el combate a la desnutrición, etc.
Entonces creo por allí no está el problema, es decir el monto en sí mismo, no es suficiente. A lo mejor ese monto hay que duplicarlo o triplicarlo en un esfuerzo sostenido durante diez, quince o más años, de manera que se pueda salir del hambre, de la desnutrición, del analfabetismo, de sacar de la exclusión que dos millones de jóvenes no asisten a la escuela y no se están preparando para aspirar a un trabajo digno y rentable o un emprendimiento productivo, etc. No digamos poner en condiciones más o menos aceptables los servicios de salud y atender dignamente a la población que fue y está siendo fuertemente golpeada por los embates de la naturaleza.
Parece ser que el problema está en la forma cómo fue aprobada y la discrecionalidad de los diputados del destino de lo aprobado y sobre todo por qué hacerlo de madrugada, sin discusión y rebajando a la justicia, la procuraduría de los derechos humanos y quitándole a los programas de desnutrición los pocos recursos que se asignan. No es el monto el problema, es el destino, la forma de aprobarlo y la repartición de los recursos para garantizar impunidad y crear las condiciones para que la corrupción siga campeando en el país.
Por aparte también hay que decirlo, que es un presupuesto deficitario y para ello se recurre a préstamos millonarios, para endeudar a la generación actual y futura. Se recurre a lo más fácil, prestar. ¿Por qué no se les exige a los señores de CACIF que paguen cabalito sus impuestos para que se pueda distribuir de mejor forma la riqueza para el desarrollo del país? ¿Por qué no se persigue a los grandes evasores de impuestos o por qué han de tener privilegios los empresarios del crédito fiscal si este beneficio está plagado de corrupción e impunidad? Sin duda habrá otros rubros del mismo presupuesto que amerita análisis y evaluar su conveniencia o no. Se debe preguntar por ejemplo, si es necesario pagar un seguro escolar sin que las escuelas estén abiertas durante todo el presente año y probablemente el próximo también. O. un centro de gobierno oneroso que lo único que hace es duplicar el trabajo de los ministerios o desplazarlos, es por demás innecesario.
Entonces, no caigamos en la trampa. Los señores empresarios muy al principio pidieron veto del presidente al presupuesto aprobado precipitadamente por el congreso, pero después de un buen almuerzo con el presidente ahora ya no piden veto, porque se dieron cuenta y sin duda les aseguraron que un presupuesto deficitario les conviene. Ellos serán los más beneficiados porque le prestarán al gobierno con altos intereses para terminar de ajustar el déficit que implica un presupuesto desfinanciado.