Ha trascendido que el precio de la aprobación del cuestionado Presupuesto fue elevado y que hay ya diputados que colocaron a su gente en la nómina del Estado mientras otros recibieron luz verde para ventas y contrataciones sobrevaluadas; eso además de lo contante y sonante que también forma parte de la tradición a la hora de alcanzar acuerdos en el “Honorable” Congreso de la República. Eso obliga a preguntarnos qué pasará con lo pactado si se diera el caso de que el Gobierno acepte una sensata revisión del Presupuesto y envía un nuevo proyecto al Congreso de la República en el que no se contemplen suficientes fondos para cubrir esos acuerdos y pactos.
Si las entidades convocadas para discutir el tema presupuestario llegan a proponer un plan de ingresos y egresos que sea realista y también orientado a las verdaderas necesidades del país, obviamente los diputados se quedarían con los colochos hechos y en esas condiciones regatearían su voto porque ellos no están allí para legislar en beneficio del pueblo sino para honrar un pacto que todos los corruptos han suscrito para impedir, a toda costa, que en este país avance siquiera una pulgada algún esfuerzo contra la corrupción.
Por todo ello es que sostenemos que el problema no es el Presupuesto. El Presupuesto es producto de los sucios acuerdos que hay entre nuestra clase política y otros sectores que se reparten gustosos el pastel del erario público y que han capturado al Estado para que sirva a sus intereses. Si los ciudadanos no entendemos que acá lo que está podrido no es el presupuesto sino el sistema, posiblemente podamos ganar esta escaramuza porque la reacción ciudadana fue suficiente para hacer recular a los mañosos, pero obviamente termina siendo insuficiente si lo que pretendemos es cambiar el rumbo del país para darle a la sociedad una esperanza.
Más temprano que tarde en el Congreso volverán a sacar las uñas, como pasó en el 2017 luego de que, también asustados, archivaron las leyes de impunidad para luego reagruparse y realizar la ofensiva final que terminó con la expulsión de la Comisión Internacional. Y es que eso forma parte de la naturaleza de aquellos diputados que forman parte de la que ahora llaman alianza oficialista pero que es en esencia el mismo pacto que se formó bajo la dirección de Jimmy Morales y que se mantuvo vivo, y hasta con más fuerza, bajo la dirección de Alejandro Giammattei, y que ahora persigue el control de las Cortes para perpetuar la impunidad en Guatemala.
