Jorge Santos
Durante años he conocido a personas defensoras de derechos humanos que han sido injustamente detenidas y procesadas penalmente por su labor en favor de la libertad y los derechos de la población. Sin embargo, durante los últimos años la criminalización de personas defensoras es mucho más atroz que antes.
Así como en el Conflicto Armado las personas eran detenidas, desaparecidas y asesinadas por el Estado, luego de la Firma de los Acuerdos de Paz, la criminalización se ha convertido en el mecanismo utilizado por los diferentes gobierno para impedir y bloquear la articulación y movilización social, para acallar y matar civilmente a quienes desde diversos espacios defienden derechos humanos.
La criminalización es un proceso en el que se señala a una persona como delincuente o trasgresora como consecuencia de su labor como defensora de derechos humanos o por su ejercicio de una libertad fundamental con el objeto de detener el trabajo que hace la persona y su organización y/o enviar mensajes a la ciudadanía sobre los límites al ejercicio de sus derechos. La criminalización se expresa a través de los siguientes fenómenos: Difamación, estigmatización y discurso del odio; denuncias judiciales infundadas, así como a través de reformas a la ley para criminalizar acciones puntuales o debilitar figuras penales como se hizo con usurpación agravada en 1997.
Luego de la Firma de los Acuerdos de Paz, hemos observado como defensoras y defensores de derechos humanos han sido detenidos arbitraria e ilegalmente. Casos como el de defensores en la Resistencia contra la instalación de la cementera en San Juan Sacatepéquez, o los campesinos y campesinas detenidos bajo la figura de usurpación agravada, la persecución impulsada contra mujeres defensoras que se oponian a la instalación de la mina Montana en San Marcos o la detención de más de una docena de defensores de derechos en el norte de Huehuetenango o las más recientes detenciones de las y los defensores de derechos humanos en San Pablo, San Marcos, Abelino Chub en El Estor o el caso de Bernando Caal en Cahabón, son tan sólo algunos casos de la larga lista de defensoras y defensores detenidos y coartados en su libertad injustamente.
Este año, hemos sido testigos de al menos 3 casos en contra de periodistas y/o defensores de derechos humanos, quienes han sufrido la perdida de libertad por su labor. Francisco Choc, luego Sonny Figueroa y ahora Anastasia Mejia son la mejor muestra de estos procesos de criminalización para detener el conocimiento de la verdad. Este último caso atenta contra una periodista comunitaria, así como en contra de una comadrona que desde su labor de defensa de derechos humanos, sufren de la venganza por denunciar actos que laceran la dignidad y la vida de las y los habitantes de Joyabaj, Quiché.
De esa cuenta, si permitimos la agresión a periodistas, permitiremos que junto a ellas y ellos, se agreda a la democracia y a las posibilidades de construir otra Guatemala Posible.
