Fernando Mollinedo C.
“La enfermedad del ignorante es ignorar su propia ignorancia” Las reformas políticas, judiciales y administrativas estructurales que han sido planteadas por distintos sectores del país durante muchísimos años, no han sido atendidas en su verdadero espíritu y algunas se hicieron con el sesgo político en busca de controlar el poder por muchos años.
Las reformas que se hicieron en Guatemala implementaron procesos para reducir salarios a la clase trabajadora y aumentar prebendas a la elite burocrática y política; tampoco se vislumbra un proceso para terminar con la corrupción, los discursos triunfalistas de las autoridades convertidos como razón de Estado niegan la podredumbre que hay detrás de ellos y ocultan la información real.
La inseguridad jurídica por la violación de los derechos de los ciudadanos, con más incidencia a los habitantes rurales, no permite exigir justicia. Encarcelar, humillar, reprimir y pisotear la dignidad de las personas sin distinción de sexo o edad es el accionar diario que con terror vive la población, lo que indica claramente que el aparato del Estado está sometido al servicio de las transnacionales sin necesidad de invasiones armadas.
El sistema político y económico de Guatemala le apuesta a que varios millones de personas pobres no tengan la capacidad de organizarse y defender los derechos que le corresponden y para controlar a la sociedad los gobiernos cuentan con tácticas para aniquilar los indicios de disenso social, con la formación de leyes de despojo, la televisión como armadura informativa y de distracción a efecto de que no se piense en la ideología de la libertad, de orgullo nacional y de esperanza.
Pero, ante la respuesta en las comunidades y las ciudades, la respuesta de los gobiernos ha sido la violencia con discursos que incriminan, satanizan o judicializan las protestas sociales de los oprimidos a fin de crear miedo y pánico para acallar las injusticias y la defensa de los derechos a la vida, al agua y educación entre otros; para lo cual los cuerpos de seguridad pública como brazo armado legal actúan a cualquier hora en función de protección a los intereses de los terratenientes y empresas transnacionales.
Los políticos prefieren no ver ni oír las demandas de los diferentes sectores sociales como forma de negar la realidad que viven millones de personas en este país; en consecuencia, líderes y luchadores sociales siguen siendo asesinados, presos y difamados mientras que los políticos corruptos de ayer y de hoy gozan de sus fortunas y a quienes ni siquiera pusieron esposas al momento de su captura. ¿Será esto una simbiosis Gobierno-corrupción?
Mientras tanto, se sigue derrumbando el Libramiento de Chimaltenango, nombran viceministros cuestionados legalmente, otorgan contratos de construcción a personas y empresas que son objeto de investigación penal, no se les pagan a los médicos, autorizan contratos millonarios para seguro de alumnos cuando ni siquiera van presencialmente a las escuelas, en fin, hay tanto por lo que debemos protestar. ¿Dónde están los hombres de Guatemala para oponerse a esta sarta de abusos?
