Adrián Zapata
En la agenda programática del gobierno actual el tema rural estaba prácticamente ausente. Con secular ignorancia planteaba la exportación como la panacea para el desarrollo de esos territorios, excepto por una iniciativa interesante que se trazó desde la mancomunidad Chortí.
Pero a partir de los últimos días ha habido dos decisiones, una del Presidente y otra del Vicepresidente, en las cuales se pone el desarrollo rural en la agenda gubernamental. Estos acontecimientos son, sin duda, muy relevantes y vale la pena apoyarlos, pero exigiendo coherencia.
Giammattei, el pasado 17 de octubre anunció la creación del Consejo de Desarrollo Rural que se dedicará a impulsar el desarrollo de esos territorios. Al respecto dijo: “Vamos a hacer todo lo posible para que antes que finalice el mes de noviembre, ese Consejo que impulse el Desarrollo Rural en Guatemala, esté conformado”. Agregó que pedirá el acompañamiento de la Junta Directiva del Congreso de la República.
Por su parte, el Vicepresidente, en twitter anunció que “En sesión ordinaria de fecha 8 de octubre/20, el Gabinete de Desarrollo Social constituyó la Mesa Sectorial de Desarrollo Rural Integral. La coordina el Ministro de Agricultura con el apoyo de otras entidades. Varias acciones”. El vicemandatario impulsa esta iniciativa en el marco de su mandato constitucional de ser el coordinador del Gabinete específico del cual es parte esta Mesa.
Estas acciones gubernamentales deben ser complementarias y no convertirse en una expresión más de las disputas palaciegas. Sería erróneo y hasta inmoral que la dramática realidad prevaleciente en el agro sirva como un elemento en esas riñas.
El Vicepresidente atinadamente comprende que en esta materia se trata de gobernar, es decir de impulsar políticas públicas de desarrollo rural para realizar determinadas “acciones estratégicas” (ocho), mismas que deben articularse territorialmente. El además entiende que existe una Política de Desarrollo Rural Integral, parte del Katún, que es producto de los acuerdos de paz, la cual, con sus adecuaciones a las condiciones actuales, debe implementarse. Aboga por acciones, no por más discursos.
El Presidente, sin aclarar la posible reiteración de funciones que puede haber entre su propuesta y el CONADUR, que existe por mandato constitucional, crea un espacio político donde se concentrarán las discusiones sobre qué hacer respecto del desarrollo rural para de allí derivar acciones.
Lo más significativo de esta “coincidencia” es que finalmente el desarrollo rural entra en la agenda gubernamental. A mi juicio deben apoyarse estos esfuerzos, pero exigir su complementariedad.
Giammattei no debe ignorar la iniciativa de su segundo al mando. Tampoco debe insistir en crear estructuras paralelas a la institucionalidad establecida.
Debemos aprender de los intentos fallidos realizados hasta ahora para impulsar el desarrollo rural. Hacen falta acuerdos sociales al respecto, que los empresarios y las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las campesinas e indígenas, coincidan en aspectos básicos. Y las ocho “acciones estratégicas” que plantea el Vicepresidente pueden facilitar este acuerdo. Así mismo, falta el respaldo político institucional que apoye y fortalezca la Mesa creada por el Gabinete de Desarrollo Social. CONADUR debería jugar ese rol.
Es una oportunidad que debería ser aprovechada.
