Jorge Morales Toj
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De acuerdo con el índice de Estado de Derecho del World Justice Project, Guatemala ocupa el lugar 101 de 128 países analizados y ha descendido 3 escaños desde el último estudio realizado por dicha institución en 2019. Nuestro país compite por los últimos lugares junto a países como El Congo (donde hace algunos años abatieron a un grupo de Kaibiles que iban en misiones de paz), asimismo, la competencia por los últimos lugares es junto a Mali, Cambodia y Honduras.
La ausencia de un Estado de Derecho y la falta de certeza jurídica, afecta a la sociedad en general, a las empresas, a las instituciones públicas. La percepción a nivel internacional es grave para Guatemala, ya que afecta la atracción de inversiones y el potencial crecimiento económico del país, además mina profundamente la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.
Han pasado 366 días sin elegir a los magistrados la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones, un año de incertidumbre, que no ayuda a que la ciudanía tenga plena confianza en el sistema de justicia. Un sistema de justicia que no funciona y no genera confianza en la ciudadanía, nos lleva a un debilitamiento a nuestra deteriorada democracia.
Es evidente que en el Congreso de la República no existe voluntad política para la elección de cortes, la percepción de la ciudadanía es que los diputados tienen intereses obscuros y no quieren sacar a de la nómina a candidatos señalados de posibles ilícitos. Dejar la elección de las acortes de último en la agenda de forma continuada, es una muestra del nulo compromiso que existe de los señores diputados con el sistema de justicia.
Aunado a la incertidumbre ya generada por el Congreso al no elegir a Cortes, es evidente el ataque sistemático que recibe la Corte de Constitucionalidad. Existen algunos sectores que han aprovechado el lamentable fallecimiento del Magistrado Bonerge Mejía y la grave situación de salud del Magistrado Neftalí Aldana para decir que existe una desintegración de la Corte de Constitucionalidad y que no existe justicia constitucional.
Por otro lado, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECI sigue siendo atacada ferozmente por sus oponentes. Sin lugar a dudas, muchos personajes vinculados a la corrupción e impunidad, se ven amenazados por las investigaciones y por el excelente trabajo que desarrolla dicha Fiscalía y quisieran ver mermados y debilitados los esfuerzos anticorrupción que se libran en el ámbito penal. Por el lado de la Fiscal General del Ministerio Público, no existe compromiso real con los esfuerzos de la FECI y todos vemos el entorpecimiento del trabajo de la fiscalía.
Por todo lo descrito anteriormente, estamos como estamos, por eso no es extraño que en el índice de Estado de Derecho del World Justice Project, Guatemala haya descendido 3 escaños desde el último estudio realizado por dicha institución en 2019. También no es extraño que el gobierno norteamericano esté enviando mensajes por twitter a los tomadores de decisiones. El problema es que aquí en Guatemala, los patos le tiran a las escopetas.
