Por Lourdes Arana
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Después de más de un año de estar detenido el proceso en el caso Caja de Pandora, a causa de diez recusaciones, este se reactivará. La jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, quien resolverá si los señalados en la investigación deben enfrentar juicio, retomará las audiencias el 19 de octubre.
Asimismo, se dio a conocer, por medio del titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, que se rechazaron 10 recusaciones que buscaban separar a Aifán de la investigación.
“Luego de más de un año de la suspensión de la etapa intermedia, derivado de alrededor de 10 recusaciones promovidas por uno de los acusados, finalmente fueron resueltas todas y fue programada la continuación de la etapa intermedia para el próximo 19 de octubre donde además de esa situación se estarán discutiendo una serie de incidencias planteadas, así como revisiones de medidas de coerción”, dijo Sandoval.
“En el caso Caja de Pandora existen una serie de situaciones vinculadas con temas de corrupción en la Dirección General del Sistema Penitenciario (SP), como situaciones que se generaron en la Municipalidad de la ciudad de Guatemala con una serie de fideicomisos y de sustracción de recursos con el propósito de financiar una campaña política municipal”, recordó Sandoval respecto al caso.
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EL CASO
De acuerdo con la investigación de la FECI, los señalados en el caso habrían integrado una estructura criminal cuyo jefe era Byron Lima, asesinado en prisión, por medio de la cual se realizaron junto a personas particulares y funcionarios el cobro de comisiones ilegales a reclusos para obtener beneficios a conveniencia.
Según las pruebas entregadas por la Fiscalía durante el 2012, Byron Lima, pudo haber coordinado el traslado de más de 100 reos a la cárcel Pavoncito.
La otra parte de la investigación determinó que Byron Lima a través de su hermano, realizó negocios con la Municipalidad de Guatemala y el Partido Unionista, por medio de la cooperativa Torre Fuerte, que involucraban al exjefe edil Álvaro Arzú, según el testimonio de Alejandra Reyes, viuda de Byron Lima.
El caso fue presentado por el MP y la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), hace casi tres años, específicamente el 5 de octubre de 2017.
