Julio R. García-Merlos
Al inicio del actual gobierno se avizoraba un panorama esperanzador en cuanto al manejo de las finanzas públicas. El Presidente de la República anunció medidas de austeridad que incluían la restricción para que ministros y secretarios adquirieran nuevos vehículos, y la prohibición de realizar viajes al extranjero sin la autorización presidencial. Aunado a eso, anunció un plan para detectar plazas fantasma en las dependencias del Ejecutivo y promover las acciones correspondientes.
Es preciso reconocer que suprimió algunas instituciones innecesarias en la estructura gubernamental como la Secretaría de Asuntos Agrarios, la Secretaría de la Paz, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, entidades que notoriamente duplicaban funciones con otras dependencias. Suprimió estas y a la vez creó el polémico Centro de Gobierno, una secretaría cuyo asidero legal es dudoso y cuyo funcionamiento es demasiado oneroso. Una de cal y una de arena por decirlo de alguna forma.
Con la llegada del coronavirus al país y la crisis económica sin precedentes que enfrentamos, el Congreso de la República autorizó ampliaciones presupuestarias que le permitieron a esta administración contar con el mayor presupuesto de la historia de Guatemala. Lamentablemente, parte de ese dinero aprobado se destinará al pago de los aumentos salariales que Jimmy Morales negoció con Joviel Acevedo y a los fondos que administran los Comités Departamentales de Desarrollo, que no se han caracterizado por la transparencia en la ejecución de fondos públicos. Además de las observaciones sobre el destino de los fondos, después de seis meses de las ampliaciones presupuestarias, los niveles de ejecución de presupuesto no son los deseables. Existen deficiencias en la gestión que han causado malestar entre la población que cuestiona sobre el uso de los fondos extraordinarios que fueron aprobados.
Por si fuera poco, como guinda al pastel, hace unas semanas el Organismo Ejecutivo presentó una propuesta de presupuesto de Q.99 mil 700 millones de quetzales. Se trata de un presupuesto irresponsable y desfasado de la realidad del país. En Guatemala ha caído la recaudación fiscal durante los últimos cinco meses, y ante esto, se pretende financiar el próximo presupuesto con un veinticinco por ciento de deuda pública, a sabiendas que se acaba de contraer un máximo histórico de deuda e incluso se autorizó la emisión de moneda para financiar al Estado. Entre los rubros del presupuesto no se dedica una cantidad considerable a la reactivación económica que debería ser prioridad, por el contrario, la mayor parte se destinará a funcionamiento, incluido en este el pago de las prebendas a los sindicatos públicos.
Todo parece indicar que cambió la administración de gobierno, pero en el fondo las cosas siguen igual, se suprimen y recortan unos gastos, pero no para dedicarse al fortalecimiento del sistema de justicia, a la dignificación de las fuerzas de seguridad o a otros servicios públicos básicos, sino que para destinar la plata a las plazas para los nuevos aliados.
Las palabras de austeridad se las llevó el viento y nos trajo la postal del Presidente con Joviel Acevedo.
Julio García-Merlos
Twitter: @jgarciamerlos
