Oscar Clemente Marroquín
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Eso significa que cada ocho años, si no hubiera aumento de personal, se duplicarían los gastos para el pago de sueldos porque el diez por ciento se aplica cada año sobre los nuevos salarios ya incrementados. No hace falta tener estudios actuariales para llegar a la conclusión de que es imposible, materialmente, que ese ritmo se pueda mantener con los ingresos fiscales actuales y aun si los mismos fueran aumentados a un nivel parecido al que hay en otros países de la región, el Estado apenas tendrá dinero para cubrir salarios sin que le quede un centavo para hacer inversiones que hagan falta en cuestiones puntuales como educación, salud, infraestructura, seguridad y justicia.
Yo creo en la dignificación del trabajador, tanto del sector público como privado, pero un pacto colectivo suscrito a perpetuidad como el que hay en el Congreso de la República es simple y sencillamente insostenible. Algunos expertos dicen que el mismo puede revisarse si las partes se ponen de acuerdo, pero ningún “trabajador” del Congreso va a aceptar una revisión de la ventaja económica obtenida en esa negociación colectiva. Esta semana un diputado dijo que conocía al menos el caso de una secretaria que devenga un sueldo de casi setenta mil quetzales y que aun teniendo la edad, no se quiere jubilar porque tendría que ser tonta de capirote para quedarse sin ese ingreso por muy buena que pueda ser la jubilación que le corresponda.
El tema de los pactos colectivos en el Estado tiene que ser objeto de una regulación especial, porque los mismos son suscritos por funcionarios a los que les importa un pepino el futuro y los compromisos que adquieren. Al señor Méndez Herbruger que firmó el pacto, según recuerdo, le viene del norte que los sindicatos tengan emplazado al Congreso o que Muadi haya rellenado de más plazas al Organismo Legislativo. Mucho menos le importa que en menos de ocho años se duplique el pago de sueldos para el personal de apoyo a los diputados, porque él no tuvo visión más que la de quedar bien con los sindicatos que ahora, por cierto, emplazan al Congreso y convierten a todo el personal en inamovible.
En una empresa los trabajadores y empresarios tienen que considerar la viabilidad de los aumentos, porque unos y otros saben que no pueden matar la fuente de ingreso. En cambio como el Estado es visto como un costal sin fondo, funcionarios idiotas firman lo que les ponen enfrente, aunque con ello se comprometa el futuro. Sería bueno que ese señor Méndez explicara cómo jocotes vio él ese futuro cuando estampó la huella digital en el documento.
