Jorge Santos
Seguramente usted ha escuchado que sus abuelos y abuelas estudiaron en prestigiosos institutos públicos, asistieron a instituciones de salud pública y de protección de la niñez. Destacaban el Instituto Aqueche, la Normal Central para Varones, el Instituto para Señoritas Belén entre otros. La buena atención del Hospital San Juan de Dios y la protección a la niñez en la Casa del Niño, son historias de quienes conocieron a un Estado muy distinto al actual. Experiencias producto del fruto de la Revolución del 44, algunas las cuales perduran hasta el inicio de los 90.
Todavía yo en la década de los 80 e inicios de los 90 fui beneficiario del Sistema de Salud público y tengo que agradecer la dedicada atención recibida en el Hospital de Amatitlán y el Roosevelt. Hoy esta posibilidad se siente muy distante para la mayoría de la población. A pesar de los incesantes esfuerzos de algunos servidores públicos quienes batallan con la escaza inversión en infraestructura y materiales, la garantía de los derechos humanos de la población guatemalteca se convierte en una leyenda.
La Constitución Política de la República establece que el Estado de Guatemala se organiza para garantizar el bienestar común. Esta es una realidad muy alejada de la mayoría de la población. Muy por el contrario a este principio constitucional vemos un Estado que organiza para garantizar los privilegios y con el ello el bienestar de un pequeño (cada vez más reducido) grupo de personas o mejor dicho de ciertos grupos corporativos familiares en el país. Seguramente a estas alturas usted intentará recordar la Escuela Pública más cercana o bien el centro de salud próximo o bien si tiene algún centro de atención a la niñez y su respuesta será o bien que existe con enormes deficiencias o inexistente. También recordará de la promocionada falacia de que lo privado era mucho mejor que lo público y desde allí hasta ahora, las familias se ven obligadas a pagar por la educación, la salud y la protección en general.
Pero también pensará en las mil y unas historias de la deficiencia de escuelas, centros y puestos de salud, así como de los hospitales o bien de la inexistencia de seguros que le permitan la atención a las personas en una situación de emergencia; hoy todo ello es privado y onerosamente pagado por encima de los impuestos que ya otorgamos al Estado Guatemalteco. Si en vez del debilitamiento, vía ideológica, económica o de razón, usted no podrá negar que necesitaríamos de un Estado fuerte, sin privilegios que atienda la pandemia y proteja a sus ciudadanos.
Rescatar o fundar un nuevo Estado y sus instituciones atraviesa por desmontar la idea falaz de que lo privado es superior a lo público y que la corrupción y la impunidad será sancionada duramente. De lo contrario, ese esquema ideológico, de corrupción e impunidad dará paso a la destrucción de vida digna y bien común en su cotidianidad, tal cual ocurre en la actualidad.
