Emilio Matta Saravia
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El Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado de Guatemala para el año 2021 prácticamente llegará a los 100,000 millones de quetzales. Dos terceras partes se financiarán con dinero proveniente de los ingresos fiscales y donaciones, y una tercera parte con endeudamiento.
Ya había abordado el tema de que un incremento en la inversión pública por parte del gobierno para incentivar el empleo y, por ende, el consumo de bienes y servicios, puede ser una forma de ayudar a salir de la crisis económica actual. Para que la estrategia funcione correctamente, este incremento en el gasto público debe estar condicionado a que exista total transparencia en el uso de los fondos públicos, que los recursos sean invertidos en obra pública y no utilizados los opacos gastos de funcionamiento, que el endeudamiento como fuente de financiamiento del presupuesto tenga un techo límite que no se pueda sobrepasar y que el banco central no sea utilizado para financiar el presupuesto. De lo contrario es muy probable que esta política fiscal expansiva, lejos de tener un efecto positivo para la economía, acarreará altos niveles de inflación.
De las cuatro condiciones citadas previamente, ninguna de ellas se cumple bajo las condiciones actuales. No ha existido transparencia en el manejo de la información durante la pandemia, por lo que no podremos esperar transparencia en el uso de los recursos, tampoco existe claridad en las obras de infraestructura que el gobierno ejecutará en 2021, un tercio del presupuesto 2021 se financiará con deuda y, encima de todo, como el gobierno sigue decretando estado de calamidad, el articulo 133 de la Constitución de Guatemala que prohíbe al Banco de Guatemala financiar el presupuesto del Estado puede obviarse.
Llama la atención que solamente un 4.6% del presupuesto total será destinado para la reactivación económica, siendo este un tema prioritario para el actual gobierno, supuestamente. Aunque el ministro de finanzas indicó que el presupuesto de 2021 era menor al de 2020, si uno hila un poco más fino con los números, se puede dar cuenta que tal aseveración no es del todo cierta. El presupuesto ordinario original de 2020 era de Q87,715 millones, mientras que el presupuesto ordinario de 2021 alcanza los Q95,139 millones, es decir, un incremento del 8.5%. También se debe hacer notar que el presupuesto para educación tiene un incremento de 5% y el de salud apenas un 0.7% con respecto al 2020, es decir, las dos carteras más importantes tienen incrementos inferiores al incremento del presupuesto ordinario. El ministerio de comunicaciones, en cambio, tuvo un incremento del 51%; sin embargo, de sobra son conocidos los vicios de esta cartera. Importante también resaltar que en 2020 se amplió el presupuesto en Q20 mil millones para supuestamente atender la pandemia. Una parte de estos fondos no ha sido ejecutada y otra parte (más de Q1,400 millones de quetzales) ha servido para pagar los pactos colectivos de los ministerios de gobernación, educación y salud.
Sin hacer un verdadero esfuerzo por transparentar el uso de los recursos y limitar las fuentes de endeudamiento, es muy probable que tengamos un escenario inflacionario de moderado a alto para 2021 y 2022; el más injusto de los impuestos, principalmente para las capas más vulnerables de Guatemala.
