POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt
En los primeros siete meses de este año, 1 mil 429 personas han muerto violentamente en Guatemala, mientras que en el primer semestre las autoridades han recibido 6 mil 186 denuncias por extorsión. Las estadísticas reflejan 778 delitos contra la vida menos comparados con 2019, pero la persistencia en las denuncias por extorsión, solo 10 menos en comparación con el año pasado, según el Ministerio de Gobernación (Mingob) y el Centro de Estudios Económicos Nacionales (CIEN).
CRISTOPHER Y LAS 1 MIL 429 MUERTES VIOLENTAS
El pasado 28 de abril, fue asesinado Cristopher Isaac Hernández, de 23 años, quien laboraba como repartidor de comida rápida. El crimen ocurrió en Palín, Escuintla, cuando el joven entregaría una solicitud de alimentos.
Los indicios recogidos en la escena del crimen por parte de los investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC), arrojaron algunos datos preliminares, uno de esos fue que los asaltantes querían robarle la comida a Cristopher, también el dinero y otros objetos de valor que llevaba, pero cuando el joven se dio cuenta de la intención de los delincuentes, quería escapar y le dispararon. Poco después fue capturado uno de los presuntos responsables del asesinato.
La muerte de Cristopher Hernández es una de las 1 mil 429 registradas de enero a julio de este año, por parte del Ministerio de Gobernación (Mingob).
Los datos requeridos a través de la Unidad de Información Pública del Mingob, detallan que de los 1 mil 429 homicidios, 1 mil 081 fueron por heridas de arma de fuego; 189 por arma blanca; 76 por arma contundente; 1 por artefacto explosivo; 78 por estrangulación y 4 por linchamiento. (Vea la gráfica Muertes violentas en Guatemala).
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Las estadísticas indican que a partir de marzo de este año (mes en que se conoció el primer caso de coronavirus en el país y empezaron las restricciones de movilidad y toque de queda), los casos empezaron a disminuir (181 homicidios), se mantuvieron en abril (168) y mayo (178), sin embargo, en junio (216) y julio (235), nuevamente se observa la tendencia al alza.
En el año 2019 y en el mismo periodo de tiempo, se reportaron un total de 2 mil 207 muertes violentas, es decir 778 delitos contra la vida menos, comparados con este año.
De las 2 mil 207 muertes violentas registradas el año pasado: 1 mil 765 fueron por arma de fuego; 225 por arma blanca; 108 por arma contundente; 104 por estrangulación y 5 por linchamiento.
LA AMENAZA DE LA EXTORSIÓN
“Fíjate mamita que tengo un tema muy delicado q hablar con tigo (SIC) ya q una mujer está ofreciendo dinero por q te matemos y pues casualmente te conoce un compañero y queremos hablar con tigo antes de actuar va”, indica un mensaje enviado por WhatsApp del número 4731-1680, que ha sido denunciado oficialmente ante las autoridades (aún en la pandemia), por casi 20 personas en los últimos meses.
Las autoridades han determinado que ese número corresponde a un teléfono que está dentro de una de las cárceles del complejo de prisiones de Fraijanes I, y ha extorsionado de diferentes formas a ciudadanos guatemaltecos.
De acuerdo con un análisis del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), que utiliza como una de las principales fuentes de información a la PNC, la extorsión es uno de los delitos que continúa al alza en denuncias, comparado con años anteriores.
Los datos reflejan que de enero a junio, se han documentado 6 mil 186 denuncias de extorsión, aún en la pandemia del coronavirus. En enero se cuantificaron 1 mil 590 denuncias de extorsión; febrero, 1 mil 239; marzo, 936; abril, 775; mayo, 821; junio 825. (Vea la gráfica Denuncias por extorsión).
Mientras que de enero a junio de 2019, el número de denuncias por extorsión era de 6 mil 196, solo 10 más que este año. Los datos indican, que en enero hubo 885 denuncias de extorsión; febrero, 908; marzo, 985; abril, 1 mil 124; mayo, 1 mil 060; junio, 1 mil 234.
“Las denuncias por extorsiones en la primera mitad del año 2020 (6,186) suman casi la misma cifra que en el mismo periodo de 2019 (6,196), únicamente hay 10 denuncias menos en 2020. Sin embargo, al observar el comportamiento mensual de las mismas se nota una gran diferencia entre los dos años. Por un lado, en 2019 la tendencia fue hacia el alza, pasando de alrededor de 900 denuncias en enero a 1,200 en junio, mientras que en 2020 se inició́ el año con cerca de 1,600 denuncias en enero, para bajar a alrededor de 800 en los últimos tres meses (abril-junio). En promedio se han registrado poco más de mil denuncias mensuales, es decir, 43 diarias”, explica el informe del CIEN.
La investigación refiere el año 2019 inició con una tasa de 54 denuncias por extorsiones por cada 100 mil habitantes y terminó́ con una tasa de 88 denuncias por cada 100 mil habitantes. Es decir, la tasa aumentó 34 puntos, algo nunca registrado. En 2020, aunque se inició́ con una tasa de 92 en enero, en junio está bajó a 87.2.
El CIEN agrega: “Hay que notar que, así́ como otros indicadores de criminalidad a los que CIEN les ha dado seguimiento cada mes, las denuncias por extorsiones ya habían empezado a bajar desde febrero. Con las restricciones de movilidad y a la economía impuestas a partir de mediados de marzo debido a la pandemia del Covid-19, la reducción en las denuncias fue más pronunciada, siendo el mes de abril el que registró la cifra más baja. Aunque estas no han repuntado a niveles previos a la pandemia, sí muestran un ligero aumento, pero se mantienen en un nivel cercado a las 800 denuncias mensuales, es decir, la mitad de lo registrado en enero”.
Según investigaciones de la PNC, el 80 por ciento de las extorsiones en el país son coordinadas desde la cárceles y principalmente de tres lugares: la Granja Penal Pavón, en Fraijanes; Canadá, en Escuintla; Cantel en Quetzaltenango.
El 78 por ciento de las llamadas que salen de las prisiones son de imitadores que fingen ser miembros de pandillas o del crimen organizado, pero no lo son, sino únicamente utilizan esa identificación para infundir temor, mientras que el 22 por ciento sí son de pandilleros.
Las pesquisas policiales señalan que, durante la pandemia del coronavirus, el 95 por ciento de llamadas extorsivas correspondían a imitadores.
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Para la PNC, los imitadores no representan riesgo para las víctimas, pero son los que generan mayor cantidad de denuncias y llamadas; afectan psicológicamente a las personas que reciben la llamada o el mensaje.
Mientras que las pandillas, que sí representan riesgo para las víctimas, se enfocan a extorsionar al transporte y comercio. En estos casos se les pide a los afectados que no efectúen ningún pago, pero que busquen asesoría inmediata con la PNC, a través de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda).
CIEN: HUBO EVOLUCIÓN DE LA CRIMINALIDAD
Walter Menchú, investigador del CIEN, refiere que, debido a la evolución de la criminalidad, algunos delitos disminuyen y otros incrementan, como el caso de las denuncias de extorsión.
“Nosotros, lo que hemos visto, es que hubo una evolución de la criminalidad en general, de los delitos contra las personas hacía los delitos contra la propiedad y en particular el tema de las extorsiones, por la facilidad que se tiene de cometer el delito y la dificultad que enfrentan las autoridades para perseguirlo. Ha tenido un papel importante el tema de la tecnología con las telecomunicaciones. Muchas de las personas que -interponen- denuncias de extorsión son profesionales que colocan su teléfono en las redes sociales para atraer clientes y al final son extorsionados, pero no solo la facilidad tecnológica -para los extorsionistas-, sino también la facilidad de esconderse”, explica Menchú.
El investigador del CIEN, refiere que en los últimos años han investigado el comportamiento de diferentes delitos en el país; las denuncias de extorsión han incrementado significativamente.
“De los 9 delitos que nosotros seguimos, el año pasado comparándolo con 2018, ocho habían bajado y solo la extorsión fue la que subió casi en un 70 por ciento las denuncias. Y ese comportamiento lo habíamos visto en los últimos cinco o seis años anteriores, que todos los delitos contra las personas, e incluso contra la propiedad por diversos tipos de robo, habían venido a la baja. Sabemos que los homicidios han disminuido desde 2009, otros delitos contra la propiedad, robo de vehículos a partir de 2014, o robo de motocicletas a partir de 2016, pero en los últimos años todos estaban a la baja, excepto extorsiones que hasta antes de 2016 se había mantenido en 3 mil o 4 mil denuncias y es a partir de 2016 que empieza a subir”, indica.
¿CÓMO ENFRENTAN O DEBERÍAN ENFRENTAR LOS DELITOS LAS AUTORIDADES?
Jorge Aguilar, portavoz de la institución policial, indicó que en los últimos años ha habido descenso de delitos conta la vida, por actividades relacionadas con operativos de recuperación y control en zonas específicas, además de los mecanismos de prevención, capturas e incautaciones.
De acuerdo con Aguilar, este año han mantenido las acciones para contrarrestar los homicidios y durante la pandemia se observaron casos de delitos contra la vida, incluso dentro de los hogares.
En la reapertura también se han tomado acciones para prevenir el delito y la investigación criminal para prevenir ataques armados.
“Las acciones por parte de la PNC van encaminadas a temas de inteligencia e investigación, también en temas de prevención, de operatividad y reacción en todo momento. Las distintas intervenciones han fortalecido en todo momento el trabajo policial”, explica el portavoz.
Por otro lado, en relación con el combate a las extorsiones, un investigador de la PNC que pidió no se citado, detalló que este delito conlleva acciones conjuntas, pero principalmente del Sistema Penitenciario (SP), de las empresas de telefonía y del sistema bancario.
Algunas de las recomendaciones señalan el remozamiento y acondicionamiento de áreas o módulos para reos extorsionistas y de alta peligrosidad, donde no sea posible lograr señal telefónica.
Asimismo, considera prohibir y sancionar a empresas telefónicas, de cable e Internet, que prestan el servicio en las cárceles, pues a través de Internet los privados de libertad realizan llamadas, videollamadas y mensajes de WhatsApp.
Agrega que es importante que exista una alerta para que las personas a quienes se les canceló una cuenta bancaria por extorsión no puedan abrir cuentas en otros bancos, porque se ha comprobado que cuando se les cancela una, insisten en abrir otra en un banco diferente, para seguir recibiendo dinero de extorsiones.
Además, dice que a largo plazo se debe planificar e invertir en centros carcelarios y construir módulos o áreas de máxima seguridad, e implementar bloqueadores de señal. Identificar el perfil de cada recluso y ubicarlo en espacios donde no haya señal de celular.
Por otro lado, explica que es necesario del uso de tecnología a través de la videovigilancia en los centros carcelarios para mantener control sobre las acciones de los guardias que permiten el ingreso de teléfonos.
La Hora ha intentado comunicarse desde hace varios días con Vinicio Pacheco, portavoz del Mingob, para programar una entrevista con las autoridades del Ministerio de Gobernación, sobre distintos temas de seguridad, entre estos, la extorsión y el Sistema Penitenciario, sin embargo, no ha respondido las llamadas y mensajes enviados.
