En el año 2015 el Procurador de los Derechos Humanos dio a conocer el manual de “Derechos Humanos, Derechos Sexuales y Reproductivos y Atención de Embarazos en Niñas Adolescentes” que fue impugnado mediante Amparo presentado por la Asociación La Familia Importa, dando lugar a un fallo de la Corte Suprema de Justicia contra el PDH para dejar sin efecto ese instrumento debido al planteamiento en temas como el aborto y el matrimonio entre homosexuales que no están permitidos en la legislación guatemalteca y, en el caso del aborto, hasta categóricamente impedido por mandato de la Constitución.
El titular de la PDH cuando se elaboró el manual era Jorge de León Duque pero el fallo que ordenaba retirar ese manual fue ejecutado por su sucesor, Jordán Rodas Andrade quien acató lo resuelto dejando sin efecto el documento que había sido aprobado en el período anterior.
Ayer, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, esa misma que ha sido el valladar para que se decrete el retiro de inmunidad contra el diputado Felipe Alejos en un caso muy sólido presentado por la FECI, no sólo dispuso emitir un fallo en el que sostiene que el PDH incumplió la sentencia y, por lo tanto, ordena que se certifique lo conducente al compadre hablado que es el Ministerio Público para investigar a Rodas, en lo que es un paso más en la evidente ruta para removerlo del cargo de acuerdo a los ya conocidos Acuerdos de Santo Tomás.
El PDH dijo ayer que él, a diferencia de lo que hace el Congreso y ha hecho la Presidencia de la República, ha sido respetuoso de los fallos judiciales y por ello acató desde el mismo año 2017 lo resuelto por la CSJ constituida en Tribunal de Amparo para conocer la acción interpuesta por la Asociación La Familia Importa y que el manual quedó retirado de manera formal y definitiva. Pero en la lucha que se libra por hacer más firme y definitiva la Captura del Estado que se propone el pacto de los más corruptos, cualquier excusa es buena para salir de gente como el Procurador de los Derechos Humanos, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el Presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el Vicepresidente de la República, blancos establecidos en la finca presidencial como el objetivo directo de esta última ofensiva que persigue allanar el camino a quienes pretenden, a partir del control del sistema de justicia, eliminar no sólo molestos obstáculos sino a cualquiera que se interponga en el camino de la Impunidad.
