Lic. Luis Fernando Bermejo Quiñónez
@BermejoGt
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Durante los 1980´s y 1990´s Colombia sufrió una escalada importante en la violencia derivada del combate a los cárteles de las drogas y la penetración importante de éstos en la política del país. Derivado de dicha situación, Andrés Pastrana planteó a Estados Unidos la necesidad de un Plan Marshall para Colombia. El plan fue planteado en 1999 a la administración de Bill Clinton y se concibió particularmente como un plan de desarrollo económico para abordar las causas del narcotráfico y de asistencia policial y militar. Entre los años 2000 y 2005, el Plan Colombia recibió US$2.8 millardos de dólares, que junto a la asistencia del Departamento de Defensa de EEUU promedió los US$4.5 millardos de dólares.
El Plan Colombia que eventualmente fue implementando, en gran medida por la presidencia de Álvaro Úribe, tuvo un enfoque de desarrollo económico y fortalecimiento institucional pero en gran medida fue un programa de fortalecimiento militar y de asistencia técnica para el combate al narcotráfico y, en particular, de operaciones de fumigación de plantaciones de coca. Los resultados del plan fueron mixtos. Por un lado, una de las metas del plan era reducir el área de cultivo de amapola y coca, habiéndose reducido del 2000 al 2006 en un 50% el cultivo de amapola, pero incrementando en 15% el de coca y aumentando en 4% la producción de cocaína. No obstante, los índices de violencia y de secuestros, así como ataques a oleoductos e infraestructura, se redujeron sustancialmente. El plan en el área de fortalecimiento institucional coadyuvó a entrenar y llevar policías civiles a una gran cantidad de municipalidades (más de 150) en donde el Estado colombiano no tenía presencia coadyuvando a la recuperación del territorio. Asimismo, se crearon juzgados en muchísimas áreas del país en donde no había acceso a la justicia. Si bien no fue el Plan Marshall que ideó Pastrana el Plan Colombia ayudó a que se estabilizara el país que en los 1980´s y 1990´s era un caos por la guerra contra los cárteles y, eventualmente, llevó a que se firmara la paz.
En Guatemala la situación es diferente. No somos un país productor en gran escala (aún) de ilícitos sino somos más bien un país de tránsito de la droga hacia México y luego hacia Estados Unidos. No obstante, es innegable que el narcotráfico ha penetrado nuestra política, muy parecido a Colombia, particularmente a nivel municipal pero incluso a niveles más altos del aparato estatal. Podemos recordar que Mauricio López Bonilla y Roxana Baldetti tienen un proceso de extradición pendiente por cargos de narcotráfico. CICIG estudió que las campañas políticas en gran medida eran financiadas por las ganancias de la corrupción y los recursos del narcotráfico. En cierta medida, existen amplias áreas del territorio guatemalteco sin presencia estatal tanto militar como policial. En dichos territorios aterrizan y se abandonan jets que cuestan millones de dólares casi semanalmente. El MP tiene mayor presencia ahora arriba del 60% del territorio pero el Organismo Judicial aún le falta mucha cobertura. El mismo ejército ha tenido elementos contaminados por el narcotráfico.
En Guatemala no pudiera aplicarse el mismo croquis del Plan Colombia, ya que en mi opinión debería enfocarse en atacar las “causas” de los problemas que llevan a que el narcotráfico se enquiste en la sociedad guatemalteca. Debería enfocarse en la construcción de un mejor sistema de justicia, de volver a apoyar la lucha contra la corrupción, de sanear los elementos malos del Ejército, de aumentar las capacidades policiales y, principalmente, a financiar proyectos de desarrollo de infraestructura de todo tipo (vial, de agua, saneamiento, portuaria y aeroportuaria) que lleven a que Guatemala despegue económicamente y el narcotráfico no sea una opción. Guatemala se beneficiaría muchísimo que un estadista adopte las lecciones de Colombia y promueva decididamente en Washington un Plan Guatemala que ayude al fortalecimiento de las instituciones del país y al combate del narcotráfico y el deterioro institucional que éste trae. Las élites deberían convencerse que un Plan como este debe promoverse y financiarse en beneficio de la construcción de un Estado de Derecho.
