Por Grecia Ortíz
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El director del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo, Edgar Ortíz, explicó en un análisis que publicó en sus redes sociales, algunos de los aspectos sobre la denuncia y antejuicio en contra del vicepresidente Guillermo Castillo, en el cual consideró que la votación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fue “tan cerrada”, además, que en los dos últimos años los magistrados se han ganado una “mala reputación”, por rechazar antejuicios contra funcionarios acusados de corrupción.
Ortíz, menciona que la denuncia en contra del funcionario fue promovida por un excandidato a diputado por el partido BIEN en las elecciones de 2019, Nimrod Israel Estévez, en la que argumenta nombramientos ilegales.
Lo discutible, para el director del área jurídica de la Fundación, es que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) haya resuelto tramitar el antejuicio y remitirlo al Congreso.
En ese orden, explica que la denuncia tiene que ver con la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) a la que su titular Oscar Conde, renunció recientemente, porque el 4 de junio fue juramentado como segundo viceministro de Gobernación.
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El período para el que Conde fue designado vencía el 7 de agosto, es decir en pocos en días, y que la “ley de extinción de dominio manda a que la designación del titular de la Senabed se haga por oposición”, además, que en este momento ya existe una nómina con candidatos para el período del 7 de agosto de este año hasta la misma fecha en 2023.
Así que por esta vacancia que dejó Oscar Conde en junio, el Vicepresidente designó de manera interina a Ángela Marina Figueroa Molina y que no es la primera vez que se coloca a un titular interino.
Asimismo, recordó que en 2016 fue removido el entonces titular de la Senabed, Luis Coronado Tobar y fue nombrado de manera interina Marvin Duarte hasta que se agotó el proceso de oposición y se designó a Conde.
EXPLICA DENUNCIA Y PROCESO
Sin embargo, dice que por alguna razón que no está clara, el denunciante, Nimrod Estévez, plantea que el nombramiento de la titular interina, Ángela Figueroa, es ilegal, delito que tiene una pena de prisión de seis meses a dos años y una multa de diez mil a veinticinco mil quetzales.
El proceso, lo conoce en última instancia el Congreso, y que como ha mencionado en otras oportunidades, la ley en materia de antejuicio ordena al juez que reciba la denuncia a remitir el expediente a la CSJ.
Posteriormente, es este tribunal el que dice remitirlo al órgano que corresponda (en este caso al Congreso) si es que no le toca conocerlo directamente.
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Añade Ortíz que a falta de que la CSJ haga pública su resolución, “salta a la vista que debieron hacer un examen pormenorizado de la denuncia previo a mandarla al Congreso”.
Asimismo, menciona que el delito de nombramientos ilegales “van por dos vías: o se hizo en violación del procedimiento que manda la ley o la persona designada no reúne las calidades para ocupar el cargo”.
Asimismo, dice que, hasta ahora, no se ha reportado que Figueroa no reúna las calidades para ocupar el cargo y no se ha informado que se haya nombrado en infracción del procedimiento bajo el entendido que al ser interina, el proceso del titular definitivo debe hacerse esta semana.
AMPARO CONTRA CSJ TIENE FUNDAMENTO
Ortíz cita que algunas fuentes no oficiales refieren que la denuncia podría deberse al “plazo” del nombramiento de la titular interina y que, si eso fuera verdad, sería absurdo instar una denuncia por nombramientos ilegales por tal motivo dado que la designación conforme al proceso de ley está en curso.
En ese orden, señala que parece que el amparo que interpuso el Vicepresidente contra la CSJ tiene fundamento. Este ya lo conoce la Corte de Constitucionalidad y para él llama la atención que esta votación “haya sido tan cerrada” en la Corte Suprema de Justicia. Nueve votos contra cuatro avalaron al trámite del antejuicio.
“En los últimos dos años, este tribunal se ha ganado una mala reputación por rechazar antejuicios contra funcionarios acusados de corrupción”, dijo Ortíz.
Finalmente, menciona que quienes han votado en diferente sentido han sido las magistradas María Eugenia Morales y Delia Dávila.
“Esta vez, ambas votaron en contra de tramitar el antejuicio contra el vicepresidente. Sin embargo, en este caso concreto, han votado en contra, además, los magistrados Felipe Baquiax y José Pineda Barrales”, puntualizó.
