Anoche el Presidente de la República anunció la creación de la Comisión Presidencial por La Paz y Derechos Humanos que al parecer sustituirá a la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos, la Secretaría de Asuntos Agrarios y la Secretaría de la Paz, entidades que serán disueltas en realidad sin pena ni gloria porque, como era de esperar de dependencias de la Presidencia de la República, eran instrumentos del gobernante de turno para impulsar su propia y particular agenda que, a lo largo de los años, poco o nada tuvo que ver con el impulso real a los ya olvidados y refundidos acuerdos de Paz, ni la atención a la conflictividad agraria, no digamos respecto a la verdadera promoción de una cultura de respeto a esos derechos humanos que siguen siendo vistos en Guatemala con aquella visión expuesta cabalmente por Romeo Lucas, quien decía que eran una campaña de los izquierdos humanos, idea replicada infinidad de veces por corifeos que menosprecian el intrínseco valor de todo lo que se deriva de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no tiene ni tinte, rasgo o sesgo ideológico.
El discurso del presidente Giammattei hizo énfasis en la promoción de los verdaderos derechos humanos que son el punto de partida para la convivencia productiva en la sociedad. Si se parte del respeto universal a derechos inalienables de todo ser humano y se garantiza su observancia, puede existir el diálogo necesario para la superación de conflictos y se tiene que garantizar el imperio de la ley para asegurar la igualdad de todos los seres humanos frente a la justicia.
Cuando el Estado tiene dueño y éste no sólo impone su voluntad sino que además centra en el negocio y el trinquete la institucionalidad de una Nación, por supuesto que los derechos humanos no sólo salen sobrando sino tienen que ser vilipendiados y expuestos como producto de una banderilla política. No puede haber respeto a los derechos humanos cuando el poder hace pactos con los corruptos y sostiene con ellos reuniones espurias para destruir el Estado de Derecho y para destruir a instituciones garantes de la legalidad y de los derechos humanos.
Obras son amores y no buenas razones, reza el dicho, y el discurso presidencial sobre el respeto y promoción de los derechos humanos tiene que ir acompañado de acciones que evidencien su ruptura con el pacto que se ha enseñoreado del país mediante arreglos que reparten el pastel.
Ojalá el gobernante lea y relea su discurso porque si lo hace, no podrá asociarse con los pícaros.
