Por Redacción La Hora
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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió suspender el acuerdo 22-2020, con el que convirtió al Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal en un juzgado especializado para conocer “exclusivamente” los casos de corrupción.
La resolución se da tras las críticas recibidas por parte de la sociedad civil por la creación de esa judicatura y el fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) en el que resolvió suspender provisionalmente ese acuerdo, esto por la interposición de una inconstitucionalidad.
Ese órgano jurisdiccional buscaba centralizar y conocer de todos los delitos cometidos por funcionarios y empleados públicos contenidos en la Ley Contra la Corrupción, Código Penal y delitos detallados en otras leyes de la materia.
El acuerdo que le otorgaba dichas facultades al Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal fue, incluso, firmado por los magistrados Marwin Eduardo Herrera Solares y Carlos Rodimiro Lucero Paz, quienes son señalados de corrupción por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
La CSJ decidió suspender el acuerdo 22-2020 con el que convirtió al Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal, en un juzgado especializado para conocer “exclusivamente” los casos de corrupción. La decisión de la Corte se da tras las críticas recibidas y un fallo de la CC. pic.twitter.com/PNvjJGQa5u
— Diario La Hora (@lahoragt) July 28, 2020
No obstante, la CSJ decidió dar marcha atrás en el pleno realizado la semana pasada y dejó en suspenso ese documento hasta que se emita nueva disposición, cuya resolución cobrará vigencia a partir de mañana.
CRÍTICAS
La creación de ese juzgado especializado para delitos de corrupción fue visto con negatividad en su momento por el Movimiento Pro-Justicia, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) y Alianza por las Reformas.
En los pronunciamientos que se emitieron en contra de esa decisión de la CSJ, dichas organizaciones señalaron que esa judicatura generaba sospechas, que no se hizo en función de un fenómeno criminal y tampoco era congruente para el perfeccionamiento de los modelos de justicia.
Además, se expresó que la intención detrás de la decisión de nombrar un juzgado especializado para atender casos de corrupción tenía que ver con la intención de minar la competencia de los Juzgados de Mayor Riesgo.
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Por su parte, la presidenta del Organismo Judicial (OJ), Silvia Valdés, manifestó con anterioridad que le causó “extrañeza” el fallo de la CC con la que suspendió provisionalmente la creación de ese juzgado especializado y señaló que “pareciera que hay una intensión de proteger a las personas acusadas de corrupción”.
“Cuál es el miedo o preocupación de que exista una judicatura, realmente -son- dos, pues es pluripersonal, que juzgue los delitos que se cometen en el tema de corrupción”, mencionó días atrás la magistrada.
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