Carlos Rolando Yax Medrano
Una de las funciones fundamentales del Estado, y en el marco del paradigma vigente en Guatemala, es la seguridad ciudadana. El Estado tiene el monopolio legítimo de los medios coactivos y coercitivos para proteger a las personas y sus bienes. La seguridad ciudadana consiste en el ejercicio de esos medios en un contexto democrático y de derechos humanos. Así, la fuerza pública no debe funcionar solo de manera reactiva para defender a los ciudadanos sino de manera preventiva para conseguir la paz.
En 2019 la Policía Nacional Civil reportó 3 578 homicidios y 3 360 lesiones provocadas por armas de fuego, armas blancas, armas contundentes, entre otros. Asimismo, el Ministerio Público recibió 10 893 denuncias por delitos de violencia sexual y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social reportó 1 892 embarazos en niñas menores de 14 años. Esto demuestra que el Estado ha fracasado en su función de seguridad ciudadana y que los delitos contra las personas son uno de los problemas que deben tener prioridad en el quehacer público.
Además, en el mismo año, la Policía Nacional Civil reportó 4 000 víctimas de robo y 4 473 víctimas de hurto. Los bienes mayormente afectados son las motocicletas, los automóviles y los que llevan consigo los peatones. También se reportaron 14 714 extorsiones, con un aumento del 70% de un año al otro. Esto demuestra, de nuevo, que el Estado ha fracasado en su función de seguridad ciudadana y que los delitos contra el patrimonio son un problema que también debe tener prioridad en el quehacer público.
La parte más importante en la solución a los problemas de la seguridad ciudadana radica en el sistema penitenciario. Si el sistema penitenciario está bien, se tiene una solución; si está mal, en su lugar se tienen problemas. Las condiciones en las prisiones frecuentemente conjugan un trato cruel, inhumano y degradante. El hacinamiento severo de los establecimientos penitenciarios conduce a situaciones caóticas en los presidios y tiene un enorme impacto en la vida de las personas privadas de libertad. Esto impide que se alcance el fin del sistema penitenciario, que no es el castigo sino la reinserción social.
En Guatemala existen cárceles solo en 11 de los 22 departamentos. Entre las 21 cárceles que están funcionando a nivel nacional, suman 6 812 espacios. Sin embargo, hay 24 982 personas privadas de libertad, es decir, que se han tenido que acomodar a 18 640 personas “donde quepan”. La sobrepoblación en el sistema penitenciario es del 374%. Esto resulta también en dificultades en el acceso a comida, agua, defensa legal, asistencia médica, apoyo psicológico, oportunidades de educación y trabajo, así como al sol, el aire fresco y posibilidades de recreación. La reinserción social, en estas condiciones, es un fin inalcanzable y se convierte, no solo en un castigo, sino en la pérdida de la dignidad de las personas y la misma humanidad.
Hasta 2015, las consecuencias fueron que de cada 100 personas que recuperaron su libertad, 59 volvieron a los centros de detención por ser denunciados o sorprendidos cometiendo nuevos delitos. Esa es la importancia de la reinserción social, de hacer de las cárceles lugares para reformarse y no para formarse en el crimen, de rescatar vidas para cambiar la sociedad. De lo contrario no habrá seguridad y sin seguridad no hay Estado.
