Por Denis Aguilar
daguilar@lahora.com.gt
Oxfam, en coordinación con Paraíso Desigual, Pacto Ciudadano y TECHO, han desarrollado un instrumento de auditoría social para encuestar a líderes y lideresas comunitarias para recopilar información sobre el programa “Bono Familia” e identificar falencias en este.
Según explicó Oxfam, con el instrumento buscan identificar los “cuellos de botella que impidan que las personas más vulnerables puedan acceder y cobrar el Bono”.
“Este ejercicio de monitoreo participativo también nos permitirá identificar hogares sin acceso a energía eléctrica, para que podamos apoyarles en acceder por otra vía al Bono o, en su defecto, a otro programa de respuesta a la crisis”, señalaron.
lea: Giammattei: No vamos a cerrar el país, vamos a abrirlo a la inversión
Oxfam señaló que el primer corte de recopilación de información se realizó el pasado 30 de junio y que los resultados obtenidos en este proceso se estarán dando a conocer en la semana del 13 al 17 de julio.
“También hemos habilitado el número 4658-6529, donde se podrán compartir testimonios, propuestas, denuncias y experiencias desde cualquier aldea, caserío, colonia, barrio, residencial, municipio o departamento de Guatemala”, indicaron.
Asimismo, señalaron que mantienen un interés en que el programa del Bono Familia llegue a la población meta planteada en el programa, como hogares en condición de pobreza, madres solteras, hogares con niños en condición de desnutrición, entre otras.
DATOS DEL BONO FAMILIA
Al 30 de junio, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) registra un total de 2 millones 634 mil 078 hogares inscritos al programa del Bono Familia, de los cuales 1 millón 613 mil 710 hogares ya recibieron el pago, mientras que 76 mil 305 hogares fueron excluidos.
En total, el Mides ha desembolsado Q2 mil 634 millones 078 mil, de un fondo de más Q6 mil millones, luego de que el Congreso de la República aprobara el Decreto 13-2020 el pasado 3 de abril, la semana pasada, el presidente Alejandro Giammattei mencionó la necesidad de pedir al Congreso aumentar la capacidad financiera del programa.
