Víctor Ferrigno F.
En el marco de la pandemia, cuando debiéramos estar cerrando filas por el bien de la nación, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y la Comisión Permanente del Congreso de la República intentan imponer un Golpe de Estado técnico, desconociendo a la Corte de Constitucionalidad (CC), al cual debemos oponernos, pues sus efectos serán devastadores.
Los golpistas cuentan con el apoyo de grandes empresarios venales, militares genocidas y políticos infectos, todos ellos coludidos en un pacto de corruptos, que intenta terminar de apoderarse de un Estado cooptado, que ha prohijado los peores índices socioeconómicos en el continente, con su cauda de hambre, desnutrición, analfabetismo, insalubridad, femicidios, racismo, exclusión y pobreza.
La diferencia entre un Golpe de Estado técnico y uno armado, son los instrumentos utilizados y el posible número de muertos. Pero en ambos casos hay una ruptura del orden constitucional, una grave afectación del régimen democrático y un rompimiento de la paz.
De 1960 a 1996, durante 36 años, ante la cerrazón y la sevicia de las dictaduras militares y la oligarquía terrateniente, los guatemaltecos pretendimos resolver nuestras diferencias a balazos, en el marco de un conflicto armado interno (CAI) que dejo más de 250 mil muertos y desaparecidos, y más de un millón de desplazados internos. Por ello, en los Acuerdos de Paz se puso gran énfasis en la construcción de un sistema de justicia garantista, eficiente y probo, que nos permitiera resolver nuestras diferencias civilizadamente, en el marco de un sistema legal que gozara de legitimidad.
Durante los últimos 24 años, con avances y retrocesos, nos hemos empeñado en construir un Estado democrático e intercultural de Derecho. Durante esta larga gesta patriótica, el esfuerzo ciudadano ha sido torpedeado por aquellos sectores sociales acostumbrados a gozar de impunidad. La CICIG demostró, con pruebas técnicas y testimoniales irrefutables, cómo el aparato estatal se corrompió, incluida la administración de justicia, logrando encarcelar en un cuartel a los mafiosos que hoy buscan consumar un Golpe de Estado, desconociendo a la CC.
En esta controversia, el lenguaje es jurídico, pero el trasfondo es político y social. Los corruptos se niegan a someterse al imperio de la ley, aún a costa de romper el régimen constitucional. Ése es el fondo de la cuestión, que nadie se confunda.
El pacto de corruptos ya controla la actual CSJ y se hizo con los organismos Ejecutivo y Legislativo en las últimas y amañadas elecciones. Controlar las nuevas Cortes a elegir y revertir los procesos que dejó encaminados la CICIG, es la meta que se han propuesto, para obtener impunidad absoluta; pero la CC se convirtió en un gran obstáculo.
Cuando el MP descubrió los amaños de Gustavo Alejos con varios candidatos a magistrados, interpuso un amparo ante la CC para evitar que se consumara el fraude. La CC lo concedió y ordenó al Congreso que no se eligiera a candidatos cuya honorabilidad e idoneidad estuvieran comprometidas. En respuesta, la CSJ integrada por suplentes, de los cuales 6 son candidatos a magistrados, por lo que la Ley del OJ les impedía conocer, dio trámite a un antejuicio contra cuatro togados de la CC. El PDH y dos ciudadanos se ampararon contra esa resolución, y la CC otorgó amparo provisional; de ello conocieron tres de los magistrados cuestionados, porque la Ley de Amparo se los permite. Además, ordenó al MP que investigara y procediera contra los golpistas.
Ese es el marco jurídico que los mafiosos han enredado, para sostener que no acatan las resoluciones de la CC, lo que implica un Golpe de Estado.
El artículo 45 constitucional establece que “es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la constitución”. Es hora que la ciudadanía se alce y defenestre a los golpistas. ¡Es ahora o nunca!
