Buenos Aires,
Agencia dpa
Buenos Aires demandó a Washington por «la violación de su obligación internacional de no aplicar o estimular medidas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado», informó la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Esto se habría llevado a cabo a través de «decisiones que vulneran la decisión soberana de la República Argentina de reestructurar su deuda externa», según sostiene el comunicado oficial.
La causa se enmarca en el fallo de la Justicia estadounidense que obliga a la Argentina a pagar a fondos de inversión, que Buenos Aires considera «buitres», el total de los bonos soberanos argentinos que tienen en su poder y entraron en cesación de pagos a fines de 2001, sin aplicar los recortes que realizó en la reestructuración de la deuda en «default» aceptada por más del 92 por ciento de los acreedores.
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner aseveró que no puede cumplir con la resolución porque le acarrearía múltiples demandas de los bonistas que aceptaron en 2005 y 2010 la reestructuración de deuda.
La falta de cumplimiento del fallo judicial dejó al país sudamericano en un «default» técnico, según las principales agencias de calificación de deuda, ya que no pudo pagar un vencimiento de deuda de bonos reestructurados.
En este contexto, la administración de Fernández de Kirchner «presentó una demanda contra los Estados Unidos de América» ante la CIJ por violar «la obligación internacional de ejercer de buena fe y conforme a derecho las funciones judiciales que la República Argentina ha aceptado en el marco exclusivo del alcance de esta aceptación».
«La responsabilidad internacional de los Estados Unidos por la violación de las obligaciones mencionadas surge, principalmente, de la acción de uno de sus órganos, el Poder Judicial, a través de la adopción de decisiones que vulneran la decisión soberana de la República Argentina de reestructurar su deuda externa», sostiene un comunicado de la Jefatura de Gabinete de Ministros difundido esta tarde en Buenos Aires.
«Dado que un Estado es responsable por la conducta de todos sus órganos, las violaciones mencionadas han generado una controversia entre la República Argentina y los Estados Unidos que nuestro país somete a la Corte Internacional de Justicia para su resolución, en tanto que principal órgano judicial de las Naciones Unidas, brindando así a los Estados Unidos la oportunidad para resolver esta controversia de conformidad al derecho y la justicia», señala.
El gobierno argentino sostuvo que en el caso de que Washington no aceptara la competencia de la CIJ, entenderá que «ese país está en la obligación de indicar un medio de solución pacífica alternativo» de conformidad con las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas, la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del derecho internacional general.
