Walter Juárez Estrada
El proceso de selección y elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones, debe estar ajeno a la política partidista, una reforma a la Constitución, para desentrañar la escogencia de los jueces, derogar la ley de las Comisiones de Postulación, es recomendación del gobierno y varias instituciones que para mejorar la imagen del Organismo Judicial. Las reformas tienen que ser analizadas y posteriormente, convocar a una consulta popular para reformar la carta magna en lo relacionado al ámbito judicial.
Los magistrados de esas Cortes, por ley cumplieron su período de 5 años el pasado 12 de octubre. La politización en las comisiones de postulación integrada por 32 representantes de varias instituciones, forzó a anular la selección, elección que compete al Congreso tras analizar la hoja de vida de los postulantes. Por vicios de procedimiento en la selección y vínculos de los operadores políticos Gustavo Alejos, el ex rector Stuardo Gálvez y los nominados, el Ministerio Público, accionó en la Corte de Constitucionalidad, que declaró con lugar el acto recurrido y “ordeno al Congreso” que proceda a la elección con la advertencia: excluir a los candidatos no idóneos, el voto razonado; de no cumplirse el mandato ha lugar a anular el evento.
Con las reformas a la Constitución en el ramo Judicial, se pretende reducir el número de comisionados y se elijan a 15 magistrados de la CSJ. La imagen del Organismo Judicial, que a ultranza ha sido manejada por políticos con raras excepciones y resolver con arreglo a derecho, los procesos incoados contra ex funcionarios, políticos, empresarios, narcos y sujetos vinculados en corrupción que gozan de privilegios y prebendas en los centros de reclusión o aducen enfermedades crónicas incurables o dicen “que pueden ser contaminados con el virus” y autorizar su traslado a centros hospitalarios, petición que ha sido negada con razón por los jueces.
Esta en primera línea la reforma a la carta magna modificar o cambiar, el proceso de elección y derogar la ley de las Comisiones de Postulación y expulsar la política de la Justicia, un tema que es cuesta arriba. Esa reforma llevara tiempo y es obligación del Congreso, buscar la salida al candente tema. Los actuales magistrados no pueden seguir aferrados a las judicaturas. Es degradante que ilegalmente los funcionarios judiciales y de otras entidades, al cesar constitucionalmente en el cargo, se les indemnice prebenda que da grima por no estar regulada; es una sucia maniobra, porque colisiona con la deprimente economía del pueblo, especialmente en estos momentos con la pandemia. El presidente Giammattei, conocedor que el sector justicia ha sido corrupto, pretende que en su período, se elijan abogados idóneos y honrados en los tribunales, para recuperar.
