Con la cantidad de pruebas que se realizan es imposible determinar con precisión las cifras reales de los contagios en Guatemala y, como consecuencia, las medidas que se adoptan tampoco se pueden cuantificar en relación a su eficacia porque partimos de una base totalmente incierta. Haciendo alrededor de mil quinientas pruebas diarias, la mayoría en la ciudad de Guatemala, no podemos saber el curso real de la enfermedad, aunque sí nos basta para saber que estamos mal.
Pero hay otras cifras que por lo visto sí cuadran y son las que a algunos les importan. Ayer la UNOPS, entidad de Naciones Unidas que se ha dedicado en América Latina a trabajar en la adquisición de medicamentos para evitar absurdos sobre precios, evidenció que el nuestro es el país que más caro compra las medicinas. UNOPS firmó hace meses un contrato con el IGSS que, según el Instituto, le ha permitido ahorrar millonadas. Sin embargo, en medio de la pandemia se han estado adquiriendo medicamentos a precios hasta diez veces más altos de lo que pagan otros países por idéntico producto.
Estamos, pues, ante una doble realidad preocupante. Por un lado las cuentas de los enfermos no cuadran, pero por el otro las cuentas de los laboratorios y proveedores no solo cuadran sino están de fiesta porque sin mecanismos de control y con la complacencia de todo un sistema en el país que está hecho para el saqueo, la proveeduría de los medicamentos que se están usando para el tratamiento de los pacientes de coronavirus deja enormes ganancias que permiten salpicar abundantemente a los encargados de las compras y a los que deciden la política de amplia tolerancia que se ha asentado en el país.
Si alegamos que están comprando medicamentos más caros nos van a decir que si muere alguien es responsabilidad de los que se fijan en cuestiones de pisto en este momento. ¡Hay que salvar vidas!, dicen y bajo ese grito de batalla van los micos y pericos que permiten el enriquecimiento ilícito pero ya tradicional, de proveedores que no tienen ningún escrúpulo por lucrar en medio de una mortal pandemia.
El Ministerio de Salud no atina a realizar la cantidad de pruebas que nos permita conocer mejor la propagación del virus en todo el país ni puede pagar sueldos al personal recién contratado alegando los controles burocráticos. Pero para hacer compras no hay control que valga y la diligencia es absoluta porque es allí donde está el negocio. Robar es siempre grave delito, pero hacerlo aprovechando la pandemia es imperdonable pecado.
