Marco Trejo
Es una vergüenza ver como algunas bancadas de novena Legislatura se burlan de
la población al contratar como asesores a Roberto Villate y Juan Ramón Lau, Juan
Manuel Giordano, quienes salieron del Congreso de la República al no ser electos
durante las pasadas elecciones generales de 2019.
En alguno de los casos, la ex parlamentarios son investigados por el Ministerio
Público (MP), por haber cometido actos reñidos con la Ley durante su gestión
parlamentaria, unos con casos más delicados y otros de menos relevancia, pero
que al final de cuentas empañaron su paso por el edificio de la novena avenida.
Los mencionados ex congresistas vuelven al Parlamento Guatemalteco como
asesores contratados bajo el reglón 0-29, según varias publicaciones de diversos
medios de comunicación, que han dejado constancia que recibieron la
confirmación de los puestos por medios de la Unidad de Acceso a la Información
Pública de dicho organismo del Estado.
Las bancadas que se siguen burlando de la sociedad son Prosperidad Ciudadana,
liderada por el diputado Jorge García Silva, quien fue compañero de bancada con
el señor Villate, en el extinto partido Líder y que ha sido investigado por el
Ministerio Público por anomalías detectadas en el financiamiento electoral de
dicha organización política.
El otro bloque parlamentario que ha contrato al ex sindicalista del Organismo
Judicial, Lau es la que representa al partido político TODOS, mientras que la del
FCN Nación contratò al ex parlamentario Giordano.
El primero de los mencionados tuvo problemas tras la captura de su hijo en un
operativo policial, mientras que el segundo de los mencionados se convirtió en el
diputado más joven en la historia del país y a su vez el que más veces se cambió
de camiseta política (transfuguismo).
El 7 de abril, el diputado Giordano reconoció, según la revista digital Plaza Pública,
la autoría de unos mensajes filtrados en los que le solicita cooperación a su
bancada para «poner de rodillas» al gobernador de San Marcos. Este caso levantó
sospechas válidas y coherentes de cuál es el modus operandi de la bancada
oficial (FCN-Nación) para extorsionar a funcionarios públicos con los que
mantienen relaciones de trabajo.
Es importante mencionar que los puestos públicos no son para aprovecharse de
los mismos, sino que para servir a una población que necesita de leyes que nos
permita vivir un Estado de derecho y no para que se beneficien los diputados de
los puestos que ostentan.
Estas plazas congresiles han sido cuestionadas porque son otorgadas por
amiguismo y en muchas ocasiones los contratados ni si quiera se acercan al
Congreso de la República para cumplir con sus horarios de trabajo y cada fin de
mes se llevan un cheque sin haber trabajado en beneficio de la población
guatemalteca.
Es necesario que se fiscalicen estos contratos y sobre todo que se vea la
idoneidad de las personas que llegan a los mismos, porque al final de cuentas es
dinero de los impuestos de todos los guatemaltecos y que no pueden convertirlos
en una piñata de politiqueros que solamente ven por sus intereses y no por el de
la población a la que se deben.
