Marco Trejo
Estamos a las puertas de que se vuelva a reactivar el servicio público de
pasajeros, el cual no es un servicio si no que es un aprovechamiento total de un
grupo de personas que se dicen ser empresarios y únicamente se han dedicado a
llenarse los bolsillos con el subsidio que les da el Estado, dinero proveniente de
los impuestos que pagan los guatemaltecos.
Por dos meses ha sido suspendida la circulación de estos buses, por las medidas
adoptadas para contener la pandemia del Covid-19, que no llenan los requisitos
mínimos de nada, en los mismos viajan más de un millón de personas
diariamente, lo cual constituye el 40 por ciento de la población que reside en la
capital guatemalteca y que día a día son tratados de una manera abusiva,
prepotente y humillante por los señores pilotos y ayudantes de las camionetas.
Por esa razón, es que se hace necesario reorganizar estas empresas, que por
décadas se han aprovechado del subsidio del Estado, porque los mal llamados
empresarios burlan las leyes laborales del país y no contratan a los pilotos, mucho
menos a los ayudantes, con lo cual se han lavado las manos de esta obligación
empresarial.
Los dueños de estas chatarras le alquilan las camionetas al piloto, quien tiene que
entregarle una cuota fija de Q750 diariamente, con lo cual solamente se sientan a
recibir mensualmente más de Q23 mil por la renta de cada unidad. Con esta
modalidad se ahorran el pago de prestaciones laborales, debido a que el
conductor tiene que hacer su salario y el del ayudante.
Esta situación hace que los pilotos, quienes son extorsionados y asesinados por
grupos delincuenciales, circulen como que se les metió el diablo y causan un sinfín
de accidentes viales, porque viajan a altas velocidades, porque si no lo hacen no
les alcanza el día para llevar el sustento diario de sus familias y la de sus
ayudantes.
Es entendible que en su afán por agenciarse el sustento diario, los camioneteros,
se conviertan en engendros del volante, lo cual debería ser evitado, porque ellos
dan un servicio, el cual en este momento, no cumple con lo estipulado en la
Constitución Política de la República y trabajan para enriquecer a una persona que
recibe, sin merecerlo, los impuestos que pagan los 16 millones de guatemaltecos.
Los buses son cajas de sonido y luces, lo cual tampoco debe ser autorizado por el
ruido estridente que provocan y no debería ser parte de la atención, que merece
un usuario, quien sufre con el excesivo volumen y hasta les puede provocar
problemas auditivos. Si sumamos esto al alto grado de contaminación que
provocan, por la falta de mantenimiento de las unidades, que dejan grandes nubes
de humo en su paso y que afecta la calidad de vida de la población.
La historia de la urbe guatemalteca nos dice, que desde su surgimiento, el
transporte colectivo fue concebido como una actividad privada productora de
ganancias y no como un servicio esencial para la economía de la ciudad. Por eso
este cese de operaciones es el momento adecuado para hacer los cambios
estructurales de un servicio que no ha sido eficiente, mucho menos de beneficio
colectivo.
Este desastre hace que expertos en el tema urbano, sugieran que se necesitan
cambios profundos en la forma de operación del transporte urbano y que tampoco
se permita un modelo como el Transmetro, que nos dejó la Unidad Nacional de la
Esperanza (UNE), que solamente fue una copia barata de lo que existía y no vino
a mejorar ni solucionar la prestación de un servicio obsoleto e inmerso en la
corrupción.
La Municipalidad de Guatemala, del alcalde Quiñonez, tiene en sus manos
mejorar un sistema, que solamente le ha dado dolores de cabeza por muchos
años, para convertirlo en una empresa moderna de movilización, eficiente y con
tarifas accesibles que genere la necesidad de usar las camionetas, para bajar el
uso del vehículo propio y descongestione los cuatro puntos cardinales de la
ciudad.
