Por Denis Aguilar
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Acción Ciudadana (AC) emitió este día un comunicado de prensa en el que indican que han observado prácticas poco transparentes, al hacer un balance de la primera etapa del Estado de Calamidad decretado por la crisis del COVID-19.
“Vemos con preocupación prácticas tradicionales poco transparentes, tales como contratación de personal, compras superfluas y sobrevaloradas, lentitud en la ejecución de los programas de asistencia familiar y crédito a las pequeñas y medianas empresas, entre otras”, indicaron.
Por lo anterior, Acción Ciudadana emitió una serie de recomendaciones, entre las cuales están: que la Dirección General de Adquisiciones Públicas emita una circular para evitar las compras sobrevaloradas e innecesarias, las cuales indican que no tendrían congruencia con la emergencia actual.
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Entre esas compras, se refirieron a la reparación de un avión Q31 millones, así como también a las dietas recibidas por parte del Concejo Municipal de Villa Nueva, donde casi todos los miembros recibieron más de Q74 mil; también mencionan las compras fallidas del Ministerio de Salud, lo cual ha impedido que el personal médico tenga la protección necesaria ante la crisis
En tal sentido, pidieron al Ministerio Público (MP) y a la Contraloría General de Cuentas pasar de un estado de vigilancia a un estado de actuación, para investigar y auditar los posibles abusos que puedan darse en el manejo de los recursos públicos durante el Estado de Calamidad.
También requirieron al Ejecutivo agilizar las transferencias presupuestarias para ayuda social, ya que consideran que no hay avances suficientes para ayudar a las personas que se han visto afectadas económicamente por la crisis.
Acción Ciudadana señala en un comunicado de prensa que han visto en la primera etapa del Estado de Calamidad "prácticas tradicionales poco transparentes". pic.twitter.com/LjuVzoTxl2
— Diario La Hora (@lahoragt) April 30, 2020
Asimismo, rechazaron el presidente Alejandro Giammattei vetara el Decreto 15-2020, con la cual se buscaba garantizar a las personas el acceso a servicios como energía eléctrica, agua potable e Internet, por lo que pidieron al Congreso aprobar de nuevo dicha normativa.
