Por Margarita Girón
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Esta mañana, el fiscal Stuardo Campo, jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción, del Ministerio Público (MP), en rueda de prensa, brindó detalles sobre la investigación que realiza esa institución, derivada de la denuncia presentada por la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, quien a través del director Oscar Dávila, señaló irregularidades en la compra de medicamentos por parte del Ministerio de Salud.
Campo señaló que para el MP es importante comunicar a la población las acciones implementadas a partir del 20 de abril, luego que Dávila presentara la primera denuncia de la Comisión Presidencial, ante la Fiscalía Contra la Corrupción.
“Entendemos la importancia y la gravedad de los hechos que fueron denunciados por parte la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, en atención a la coyuntura actual, es aberrante que funcionarios y empleados públicos pretendieran aprovecharse de las circunstancias para poder generar algún tipo de beneficio indebido, ya sea en beneficio propio o en favor de terceros”, puntualizó Campo.
De acuerdo con Campo, Dávila denunció las posibles irregularidades cometidas durante el proceso de adjudicación de dos eventos para la compra de medicamentos, dentro de la coyuntura actual de la emergencia ocasionada por la pandemia del coronavirus COVID-19.
El fiscal Stuardo Campo dice que el delito contemplado es el de Fraude, se refiere a dos medicamentos sobrevalorados, que pudieron haber alcanzado un 50 % más del valor contemplado en el mercado.
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— Diario La Hora (@lahoragt) April 22, 2020
Campo señala que la denuncia consiste en referir que pudieron haber existido dos irregularidades en los procesos de adquisiciones públicas. La primera irregularidad consiste en la sobrevaloración de precios de los medicamentos que estaban siendo cotizados por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y otra en torno al análisis que realizó la Comisión dirigida por Dávila, de realizar dichas compras.
“Se menciona que las cantidades que fueron solicitadas, podrían haber sido excesivas y no acordes a las circunstancias o a los requerimientos de las diferentes unidades hospitalarias a nivel nacional para poder atender a los pacientes quienes en todo caso requirieran algún tipo de atención derivado del padecimiento del COVID-19”, detalló Campo.
Campo detalló que, en la denuncia, no se hace mención sobre determinados funcionarios, sino se hace relación de los hechos y se solicita al MP establecer a las personas que podrían haber participado y que podrían tener responsabilidad en la comisión de algún hecho delictivo.
“De un informe que fue elaborado por la Comisión Presidencial, existen algunos nombres de algunas personas que podrían haber tenido algún tipo de participación en el proceso de adquisición. La labor de la Fiscalía es determinar si estas personas que fueron mencionadas dentro del informe, podría encuadrar en un hecho delictivo o si existen más personas a las mencionadas en el informe”, agregó el Fiscal.
MONROY TENDRÁ 48 HORAS PARA PRESENTAR INFORME
Campo detalló que hoy están realizando al menos 20 requerimientos de investigación a diferentes instituciones del Estado, dentro de estos, destaca 10 aspectos que deberán ser presentados específicamente por el ministro de Salud, Hugo Monroy, mismos que deberán ser entregados al ente investigador en un plazo no mayor a 48 horas.
“Uno de estos requerimientos, contiene específicamente, 10 aspectos que estoy solicitando al ministro de Salud Pública, nos pueda informar en un plazo no mayor a 48 horas. Entendemos la coyuntura del país, requiere que el ministro de Salud se enfoque y se encuentra absolutamente dedicado a la atención de la pandemia, pero también es importante obtener la información directamente de parte de él, para poder coadyuvar con este proceso de investigación”, dijo Campo.
Campo añadió que solicita la colaboración de las Instituciones a quienes se les estará requiriendo la presentación de informes. En esa línea, el Fiscal citó al ministerio de Finanzas Públicas, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Registro Mercantil, Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y el MSPAS, para que se pueda cumplir con la entrega de los informes en el plazo descrito.
Dentro de los aspectos que Monroy deberá detallar en el informe, es que explique cuáles fueron las razones por las cuales se optó por realizar la adquisición de uno de los medicamentos fuera de contrato abierto, cuando existía un contrato abierto que se encontraba vigente, así como información técnica necesaria para poder realizar las conclusiones del caso.
“Le estamos preguntando al señor ministro de Estado, cuál fue el mecanismo y quiénes fueron las personas responsables de poder establecer las cantidades de los medicamentos que debían requerirse a efecto de poder documentar ese apartado de la denuncia”, agregó Campo.
EN EL CASO DEBERÁ INTERVENIR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Campo detalló que en este caso es necesaria la intervención de la Contraloría General de Cuentas para poder realizar la auditoría y rendir el informe con relación a los dos procesos de adquisición que estaba desarrollando la cartera de Salud.
Agregó que para que dicha instancia presente los informes requeridos, se ha establecido un plazo no mayor de 15 días.
“Cabe destacar que la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, al momento de hacer entrega de la denuncia correspondiente, también adjuntó los expedientes administrativos que obtuvieron y que fueron entregados por parte del señor Ministro de Salud. Así que esta circunstancia facilita la labor de análisis que debe realizar el personal de la Fiscalía y facilitará el análisis que tendrá que realizar el grupo de investigadores gubernamentales que sean designados para el efecto”, agregó Campo.
El funcionario detalló que tuvo comunicación con Edwin Salazar, de la Contraloría General de Cuentas y se giró el requerimiento de examen especial de auditoría a la Contraloría y a partir de mañana se abordará la denuncia presentada por la Comisión Presidencial y el viernes se ha citado a los auditores gubernamentales que serán los encargados de desarrollar el proceso de verificación de las contrataciones públicas a efecto que la Fiscalía pueda especificar los puntos que deberá contener el informe que ellos presenten.
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Campo detalló que, de comprobarse los hechos denunciados por la Comisión Presidencial, la Fiscalía presentará el caso ante los tribunales de justicia del país, en respeto del debido proceso.
“Tenemos que hacer un análisis con base a los medios de investigación que podamos recabar”, agregó el Fiscal.
TAMBIÉN SE ABRIÓ INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE GALDÁMEZ
Campo detalló que el lunes, el MP abrió una investigación de oficio, derivada de una publicación del medio Plaza Pública, en donde se señala al ex viceministro Rodolfo Galdámez de ser contratista del Estado aun habiendo sido nombrado como viceministro de la cartera de Salud.
“Desde el día lunes y antes de que él fuera destituido, se han desarrollado diligencias de investigación para confirmar los extremos que han sido señalados en dicha publicación y de existir alguna conducta delictiva, la fiscalía va a proceder como corresponde”, añadió Campo.
Según Campo, el ente investigador ha calificado el delito que se está investigando como fraude y en el caso de los medicamentos refirió que podrían haberse sobrevalorado hasta en un 50% del valor de mercado o el valor que registran los productos en contrato abierto.
