El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social abordó en su Junta Directiva la idea muy amplia lanzada por el Presidente de la República en el sentido de contribuir al pago de salario de trabajadores afiliados que se ven afectados por la crisis provocada por la calamidad del coronavirus y, sin cerrar la puerta a posibles salidas, hizo hincapié en lo que dice la legislación vigente y por qué no se pueden usar fondos de las reservas de los distintos programas del Seguro Social para cubrir tales salarios. El dinero que forma parte de los fondos de reserva del IGSS está comprometido específicamente para programas que han sido financiados con el aporte de los trabajadores y empleadores, siendo el Estado el mayor deudor de las cuotas que, como patrono, debió cubrir casi desde la misma existencia del régimen de seguridad social en Guatemala.
Pero digo que la Junta Directiva no cerró la puerta porque señalaron que el sistema puede utilizarse para el fin esbozado por el Presidente de la República, pero siempre y cuando se provea de los fondos necesarios para cubrir la prestación sin desfinanciar los programas, especialmente los de enfermedad común así como el de invalidez, vejez y sobrevivencia. El simple hecho de que los mecanismos existentes en el Instituto pueda ser el que se utilice para distribuir la prestación señalada por la Presidencia es un aporte muy significativo porque costaría mucho estructurar un programa sin la base de datos y la mecánica que ya opera en el IGSS.
Todos entendemos que una fórmula para enfrentar la crisis que en breve afectará a la mayoría de empresas, dificultando el pago de los salarios a sus trabajadores por la merma en la actividad productiva o comercial, es el diseño de un programa temporal para pago de salarios a los empleados ante las dificultades inesperadas de las empresas. Y sin duda que tendrá que ser un programa que se debe financiar por todos, empleadores y empleados, pero que puede y debe arrancar con un financiamiento estatal que sería la palanca para hacer efectiva la nueva cobertura.
Creo que un esfuerzo entre las distintas fuerzas vivas del país para buscar acuerdos y soluciones en ese sentido sería lo más conveniente. Siempre es difícil encontrar terreno común cuando se tiene que hablar desde las perspectivas de los grupos de trabajadores organizados y de empleadores representados por la organización empresarial, pero en estas condiciones y tomando en cuenta lo que está en juego, esos sectores y el gobierno tienen que hacer todos los esfuerzos habidos y por haber para encontrarlo. Se trata de una cuestión en la que se juega mucho porque es no sólo el futuro de la empresa o el de sus trabajadores, sino el futuro común que sería la garantía de sobrevivencia una vez superada esta etapa crítica.
Por abismales que puedan ser las diferencias, ahora es momento de abandonar radicalismos en todos lados y negociar en el mejor sentido del término, flexibilizando posiciones y pensando en el bien común que, ultimadamente, está íntimamente ligado porque todos los sectores dependen del otro y el gobierno necesita los acuerdos para asegurar la paz social.
