Por Grecia Ortíz
gortiz@lahora.com.gt

En una carta abierta, el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores (IGCPA), pide al presidente Alejandro Giammattei, que derivado de la pandemia del Coronavirus COVID-19 y de la premura que existe por el vencimiento de varios impuestos y obligaciones tributarias para el próximo 31 de marzo de 2020, se tomen varias medidas, entre la protección de profesionales de ese ámbito, así como la exoneración de multas, dado que no existen condiciones óptimas para realizar lo anterior.

Los profesionales, señalan en el documento que: “para el próximo 31 de marzo de 2020, donde se requiere la participación de varias personas para el análisis, preparación y presentación, así como la atención del personal de la Superintendencia de Administración Tributaria en la recepción de informes y procesos de fiscalización, donde la relación física entre las personas es inevitable”.

Así que la petición al presidente, como primer punto, es que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la vida de todos los guatemaltecos, en el que se incluya a todos los profesionales de la Contaduría Pública y Auditoria.

“…Basado a que no existen las condiciones óptimas y salubres para poder realizar las correctas determinaciones de obligaciones tributarias, considerando las restricciones que actualmente se viven en el país y que de conformidad con el articulo 183 literal r) de la Constitución Política de la República de Guatemala, se otorgue la exoneración de todo tipo de multas y recargos a los contribuyentes de todas aquellas obligaciones sustantivas y formales que estén próximas a vencer y mientras que dure el estado de Calamidad Pública que se vive actualmente en el país”, anotaron.

Añaden que, con base en su análisis, y de ser necesario se gestione con los canales oficiales del Organismo Legislativo, la posibilidad de ampliar los plazos de vencimiento para la presentación de obligaciones tributarias, mientras se mantiene la situación.

Lo anterior, según los profesionales, daría una mayor seguridad jurídica a todos los contribuyentes de impuestos en el país.

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