Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
El día de ayer en La Hora abordamos a cuatro profesionales del Derecho; un académico, un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y dos abogados penalistas que incluso han ejercido de defensores en casos de alto impacto y todos coincidieron en dos cosas: el sistema está agotado y solo detener el proceso sin cambios, no resuelve el problema de fondo.
Más allá de que el escándalo del amaño en las Cortes aún no se haya convertido en motivo de protestas masivas y populares, las élites de este país (empresariales, académicas, y sociales) saben que el nuestro es un modelo que permite operaciones paralelas sin mayor complicación y nos hemos acostumbrado (por acción u omisión) a convivir con ello.
Y ahora, en este momento tan definitivo en la historia del país, es cuando más debemos usar la cabeza para ver cómo salimos de este mar de estiércol, creado por impunidad, corrupción, tráfico de influencias, en el que nos quieren hacer nadar los próximos cinco años, pero con consecuencias para las próximas décadas.
Mi profesor de Derecho Laboral y exmagistrado ya mencionado en esta columna, Luis Fernández Molina, dijo algo cierto y es que la Corte de Constitucionalidad (CC), si se presentan recursos, se va a ver obligada a decidir en congruencia con lo actuado y eso debería detener el proceso, lo que nos lleva a la parte medular: ¿cómo lo enderezamos?
Y es aquí donde debemos tener la capacidad de oírnos, hablarnos y alcanzar acuerdos todos aquellos que estamos hartos de los radicalismos, de los que asumen posturas para sostener valladares de impunidad y quedar exonerados de las acusaciones y de los que desean que el sistema siga así porque lucran y mucho con el mismo.
Este es el momento de decidir si buscamos caminos que pasen por reforma constitucional o si buscamos mecanismos que pueda desarrollarse sin tocar la misma Carta Magna, pero que permitan que a las Comisiones de Postulación si llegue gente honrada, con ganas de servir al país y no de servirse. La idea es que se invite a los buenos para que no sean las mafias de Gustavito y Cía. las que decidan por todos los guatemaltecos.
Hemos desperdiciado varias oportunidades de crisis para generar cambios y en esta no podemos fallar porque hacerlo será condenarnos a un régimen judicial corrupto, el que se arregla a base de pisto (no olvidar el dinero que le agarraron al amigo de Sandrita), infestado de mafias, narcotraficantes y agentes de impunidad del cuello blanco.
Dejar que se consume el asalto será condenar al país, a su gente, en especial a la más necesitada y a todo aquel que sueña, trabaja e invierte para que este país crezca, para que tengamos más oportunidades y para que se cierren las brechas. La dictadura de la corrupción tendría en el Congreso y en el Organismo Judicial a la peor putrefacción.
Bien haría el presidente Alejandro Giammattei y el vicepresidente, Guillermo Castillo, en liderar para que nos pongamos de acuerdo. Rompan la alianza que su partido tiene con una parte de las mafias en el Congreso y como dijo usted, Presidente, unámonos para verdaderamente rescatar a Guatemala de esta vergüenza nacional que nos están haciendo pasar las mafias que tienen apoyos en muchos sectores de poder.
