Por Cristian Velix
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La jueza Claudette Domínguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “A”, revocó las órdenes de captura giradas en contra de Mario Roberto Leal Pivaral y Rodrigo Leal Castillo, padre y hermano respectivamente, del empresario Mario Leal, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.
La jueza consideró que los señalados tienen voluntad de enfrentar los procesos penales en los cuales están presuntamente involucrados, situación por la que fueron citados a dicha judicatura para el próximo martes.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) dará a conocer ese día los hechos ilícitos en los que pudo haber incurrido Leal Pivaral en el Caso Traficantes de Influencias y Caso Financiamiento Electoral Ilícito de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
En tanto que Leal Castillo, supuestamente, cometió delitos que son investigados en el Caso Financiamiento Electoral Ilícito de la UNE, expediente judicial por la que ya está ligada a proceso la ex presidenciable Sandra Torres.
A pesar de la decisión de Domínguez de dejar sin efecto las órdenes de aprehensión para ellos dos, la juzgadora precisó que deberán asistir a la audiencia programada para el martes, de lo contrario se les declarará en rebeldía y nuevamente se activarán las solicitudes para capturarlos.
LOS CASOS
En el Caso Traficantes de Influencias, según la FECI, Leal Pivaral se relacionó con una estructura criminal que se benefició del cobro de comisiones ilícitas a empresas, para poder agilizar la devolución de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
En esta carpeta judicial, Mario Leal, ex vicepresidenciable de la UNE, presuntamente tuvo un rol de captador de las empresas interesadas en agilizar dicho procedimiento en la SAT, como también de beneficiario de las mencionadas comisiones.
De este proceso, se reveló el Caso Financiamiento Electoral Ilícito de la UNE, en donde se investiga que parte de los sobornos obtenidos por Mario Leal en el Caso Traficantes de Influencias, sirvieron para financiar gastos de campaña de esa agrupación política.
En este proceso, el Ministerio Público (MP) sostiene que el partido que representaba Sandra Torres recibió aportes financieros por casi Q28 millones, sin embargo, estos no fueron reportados como gastos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
En este último proceso, se señala tanto a Leal Pivaral como Leal Castillo de estar vinculados con la empresa Edificaciones Corporativas S. A., misma que dio aportes por Q3 millones 360 mil a la entidad MAARIV S. A., la cual, aparentemente, fue utilizada por la UNE para evitar los controles de fondos del TSE.
