FOTO ARCHIVO. El exdiputado Roberto Villate, dijo haber contribuido con la investigación.

Por Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt

El exdiputado Roberto Villate fue beneficiado con la falta de mérito a su favor, por un caso de financiamiento irregular del extinto partido Libertad Democrática Renovada (Lider), en un proceso que inició desde agosto de 2017 cuando se presentó la solicitud de retiro de antejuicio en contra del excongresista.

El juez Carlos Toledo, titular del Juzgado Sexto de Instancia Penal, fue quien emitió dicha resolución esta mañana, indicando que no se demostró si Lider recibió fondos de manera anónima y, por ende, si el excongresista posiblemente cometió algún delito.

“Este juzgador considera prudente que hubiera sido importante tener por parte del Tribunal Supremo Electoral, así como del Departamento de Auditoría Interna, el informe respectivo, en el cual se haya establecido que Roberto Villate haya impedido la fiscalización (de los aportes)”, expresó el togado al momento de emitir su fallo.

CONFIÉ EN LA JUSTICIA

Luego de la decisión de Toledo, el exlegislador expresó que contribuyó en la investigación realizada por la Fiscalía de Delitos Electorales y agregó que confió en la justicia, además de que no se fue a otro país o departamento lejano.

“Por eso es que hoy, estando acá, lo único que puedo decir desde el punto de vista legal es que ha sido un proceso difícil, pero al final de cuentas, con la falta de mérito y la evidencia que se aportó por las partes, asumo que no tuve ninguna responsabilidad”, comentó Villate.

APELARÁN

Por su parte, el investigador Rafael Curruchiche, de la mencionada Fiscalía, manifestó que apelarán esta resolución, debido a que las pesquisas están sustentadas y porque una Sala de Apelaciones le dará la razón a la representación del Ministerio Público (MP).

A decir del MP, el exparlamentario incurrió en el delito de fiscalización electoral de fondos, ya que cuando era Secretario General de Lider, esa agrupación política no envío registro de financiamiento al Tribunal Supremo Electoral, por alrededor de Q21 millones.

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