Hay momentos en la historia en los que se puede hablar de tiempo perdido por la falta de acciones que permitan avanzar en la solución de los más graves problemas que afronta cualquier sociedad y en algunos medios se ha comentado que los cuatro años de Jimmy Morales significan justamente eso para el país. Yo personalmente creo que es demasiado benevolente el criterio porque no se trata sólo de haber dejado pasar el tiempo sin hacer nada, sino hay que ponderar que lo hecho significa un marcado retroceso institucional que es gravísimo para un país al que le cuesta tanto lograr realizaciones y las pocas que se fueron dando han quedado no sólo eliminadas sino que además se consolidaron viejas estructuras causantes de la gravedad de nuestra problemática.
Pero de todos los retrocesos, que son abundantes, ninguno tan serio como el que significa no sólo el fin de la lucha contra la impunidad sino el retorno de las viejas estructuras que se han beneficiado tanto de esa ausencia de justicia y del verdadero Estado de Derecho. Cierto que lo hecho con la Policía Nacional Civil tomará muchos años para ser superado, tanto así que desde hace rato ya no hay promociones de nuevos aspirantes a integrar la fuerza policial y la Academia cayó en total abandono, pero con todo y lo grave que es ese retroceso, resulta poco si lo comparamos con el desmantelamiento de los notables avances que se hicieron en la lucha contra tanta impunidad que es el caldo de cultivo para la rampante corrupción.
Ayer se presentó un informe sobre el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala realizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la American University, con sede en Washington, en el que se plantea que fue un experimento demasiado exitoso, tanto que ello provocó su final porque finalmente todos los sectores beneficiarios del régimen de impunidad se terminaron uniendo sólidamente para buscar la expulsión de esa entidad conformada mediante un acuerdo entre Guatemala y Naciones Unidas para enfrentar el que quizá haya sido el mayor problema histórico del país, porque en la impunidad está el eje para entender la razón de todos nuestros males.
Si hubiéramos simplemente perdido el tiempo estos serían los días en que podríamos empezar a recuperarlo con la esperanza de que un nuevo gobierno pudiera enfrentar de mejor manera la problemática, pero resulta que todo el proceso electoral que vivimos el año pasado se enmarcó en la agenda nacional que giraba alrededor de los esfuerzos por revivir el régimen de impunidad y, por supuesto, la elección se vio afectada por esa abrumadora estrategia nacional en la que coincidían las élites con los viejos políticos tradicionales para preservar sus privilegios.
Realmente lo que ocurrió es que volvimos a la tranquilidad que tenían esos grupos antes de abril del año 2015 y ahora se sienten más empoderados, pero convencidos de que no pueden dejar que vuelva a ocurrir algo similar, para lo cual han trabajado arduamente y de manera exitosa, buscando hacer real su promesa de que los que atacaron al sistema iban a pagar las consecuencias y que ellos nunca más se volverían a sentir en riesgo y eso es, ni más ni menos, un tremendo y brutal retroceso.
