Walter Juárez Estrada
La supremacía electoral debe prevalecer en todo proceso relacionado en cualquier evento comicial y darle el verdadero carácter “supremo”. Judicializar las acciones en esta materia, no es aconsejable salvo que haya una clara violación a la constitución política y al decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, que regula la ley que creó dicho Organismo y la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Ha habido un abuso de quienes accionan en todo evento electoral de promover impugnaciones que, según los accionantes, presuntamente han violentado sus derechos y recurren a los órganos jurisdiccionales e incluso a la Corte de Constitucionalidad.
El reciente proceso electoral dejó dudas e incluso se intentó promover la nulidad del evento, lo que motivó que los encargados de informática fueran removidos y se les juzga a igual que los magistrados titulares del TSE, cuya situación está en duda si procede a separarlos de sus cargos donde los sindicados han señalado que las imputaciones que se les hace, no tienen materia y están dispuestos a someterse a cualquier investigación de la fiscalía. Todo depende cual es la imputación que como medio de defensa puedan hacer quienes tenían a su cargo la informática en el recién proceso electoral.
El pasado 13 de diciembre finalizó el plazo para presentar sugerencias a la actual Ley Electoral y de Partidos Políticos, que para muchos con el correr del tiempo ha resultado obsoleta y 33 organizaciones son del criterio que dicha ley debe reforma y adecuarse a los actuales momentos de cambio para hacerla más efectiva y darle efectivamente el carácter de “supremacía” al máximo organismo electoral que todo proceso que se relacione en esa materia debe ser sustanciado en ese organismo. El diccionario de la lengua Española y la Real Academia Española “dicen” Supremo, Altísimo. Que no tienen superior en su línea. Es decir, si nos atenemos a la letra muerta, como “supremo”, debe dársele al relacionado Tribunal y no judicializar ni quebrantar esa supremacía, pues los constituyentes al promulgar dicha ley, su recomendación era que todo proceso relacionado con cualquier evento electoral no se judicializara salvo que se violentara la carta magna y ley que regula el máximo organismo electoral.
Ahora que hay interés en hacer una reforma a fondo de la ley que norma el máximo Organismo Electoral, es aconsejable que se busque el mecanismo de no judicializar los procesos electorales, quita la autoridad a esa entidad, que con sus falencias y los errores que hubo en el cuestionado pasado proceso electoral, deben corregirse y darle seguridad y certeza al ciudadano que pugna porque los que se lanzan a los eventos electorales sean personas de reputada y acrisolada honradez y no sujetos que se venden al mejor postor. Se ha visto que en los últimos años los que se dedican a la política venden su conciencia hasta el “diablo”, recibiendo millonadas de dinero para su beneficio y las autoridades electorales, han sido drástica con esa clase de corruptos y han ordenado la cancelación de partidos políticos vinculados a acciones espurias y al narcotráfico.
