Por: Cristian Velix
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Un hallazgo irregular del Tribunal Supremo Electoral (TSE) permitiría que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), pueda accionar en contra de cuatro diputados presuntamente implicados en el Caso Financiamiento Electoral Ilícito de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Dicha posibilidad se sustenta en la resolución emitida ayer por la Corte de Constitucionalidad (CC), misma en donde declaró sin lugar un amparo interpuesto por esa Fiscalía del Ministerio Público (MP) y con la cual mantuvo la inmunidad de los diputados señalados del delito de financiamiento electoral no registrado.
En esa decisión la CC ratificó lo indicado en su momento por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al no aceptar las solicitudes de retiro de antejuicio planteadas en contra de los congresistas Julio Ixcamey, Karina Paz, Jorge Vargas y Jairo Flores.
La máxima Corte del Organismo Judicial (OJ) explicó que rechazaba sin entrar a conocer las diligencias de retiro de antejuicio promovidas por la FECI para esos legisladores por varias anomalías en el planteamiento de estas.
Uno de ellos, era que el Artículo 19 bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos dispone que las autoridades respectivas de las agrupaciones políticas –y en este caso la UNE– están sujetos a la fiscalización del TSE y de la Contraloría General de Cuentas (CGC), dentro del marco de su competencia.
“Conforme a tales normas, puede este Tribunal sustentar que no compete al Ministerio Público investigar inicialmente lo relativo al financiamiento privado de las organizaciones políticas y, por ende, mucho menos si tal financiamiento fue o no registrado debidamente”, argumentó la CSJ.
En esa línea los magistrados de la máxima corte del OJ explicaron que en las peticiones de que se les quitara la inmunidad a los legisladores no se sustentaban en ningún elemento, informe o documento emitido previamente por la única autoridad competente en materia electoral.
“De esa cuenta, a fin de perseverar el debido proceso, la querella requiere la base de informes o resultados de auditorías que en el ejercicio de sus funciones realice el TSE, máxima autoridad en materia electoral”, concluyó la CC en la resolución que confirma la CSJ.
PROCESO
Según las investigaciones preliminares realizadas por la FECI, los legisladores aparentemente estuvieron vinculados en los hechos que llevaron a financiar gastos de la UNE de forma irregular, cuyo monto ascendió a casi Q28 millones.
De esa forma, la Fiscalía sostiene que parte de ese dinero provenía de las comisiones ilícitas obtenidas por el empresario Mario Leal por la devolución del crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), hecho investigado en el Caso Traficantes de Influencias.
Asimismo, el ente investigador detalla que la agrupación política utilizó un mecanismo integrado por un grupo de empresas, presuntamente, para eludir los controles del TSE sobre los fondos que se aportaron.
