Jorge Morales Toj
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La Ley de Aceptación de Cargos, aprobada por el Congreso de la República mediante el decreto 10-2019 pone en riesgo la correcta aplicación de la justicia. Es una ley que debilita aún más a nuestro sistema de justicia.
En dicha ley los corruptos confesos, aceptarán los cargos que se les imputen, “reparan el daño causado” y luego podrán salir felizmente de la cárcel y “disfrutar” impunemente todo lo que le han robado al pueblo de Guatemala. Todo en detrimento de los intereses del pueblo de Guatemala.
Esta ley, definitivamente es un premio a la corrupción y la impunidad. Tiene dedicatoria especial a todos aquellos personajes involucrados y procesados en casos de corrupción. Una vez más, el Congreso y los impresentables diputados se pusieron al servicio de los que han saqueado históricamente al Estado y les ponen alfombra roja a las mafias corruptas que tienen a nuestro país de rodillas.
La sociedad guatemalteca no puede aceptar que la corrupción y la impunidad sea premiada con semejante barbaridad. Ahora, tocará a la Corte de Constitucionalidad resolver los distintos recursos interpuestos contra la Ley de Aceptación de Cargos y corregirle la plana al impresentable Congreso de la República y recordarles que una de las funciones principales del Congreso es legislar para el bien común, legislar para garantizarle a los ciudadanos, la paz, la justicia y la seguridad.
En torno a Ley de Aceptación de Cargos, el 16 de diciembre el Frente Ciudadano Contra la Corrupción expresó lo siguiente:
El Frente Ciudadano Contra la Corrupción condena enérgicamente la desnaturalización de la Ley de Aceptación de Cargos, un instrumento legal pensado para agilizar las investigaciones, agilizar los procesos judiciales y ayudar a descongestionar los sistemas penitenciario y judicial de Guatemala.
La Legislatura saliente tomó la mezquina y perversa decisión de tergiversar, mediante enmiendas de último momento aprobadas en medio de irregularidades procedimentales, la iniciativa de Ley que fue trabajada e impulsada por instituciones de sociedad civil especializadas en materia de Justicia, así como por el Ministerio Público, grupos diversos de la sociedad civil y la CICIG.
La legislación irresponsablemente aprobada y sancionada por el presidente Jimmy Morales no solo sirve para procurar impunidad a involucrados en casos de corrupción de alto perfil, sino que abre la posibilidad de ver pronto libres en las calles a delincuentes violentos o que forman parte del crimen organizado y acusados de lavado de dinero.
Hacemos un llamado a las autoridades electas para el Ejecutivo y el Legislativo que asumirán sus cargos en el próximo mes de enero de 2020 a pronunciarse públicamente en rechazo a esta nueva amenaza contra la Justicia y a comprometerse a utilizar los recursos políticos y legales que sus cargos les facultan para evitar la vigencia de esta aberración jurídica o revertir su aprobación.
Asimismo, llamamos a la Corte de Constitucionalidad a conocer con la mayor rapidez las acciones interpuestas en contra de esta norma y a suspender este decreto ilegal para evitar daños irreparables para los intereses del país.
