Walter Juárez Estrada
La Ley de las Comisiones de Postulación para seleccionar y elegir a los magistrados de las Salas de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia y otros Órganos, debe abolirse o modificarse y evitar que cada cinco años cuando se presenten conflictos de intereses que colisionan la Constitución y ha lugar a que grupos inconformes echen por la barda el análisis de las Postuladoras que están con “la soga al cuello y contra la pared”, a raíz del fallo de la Corte de Constitucionalidad, que ordenó al Consejo de la Carrera Judicial y las postuladoras, que en “corto plazo” evalúen a los aspirantes, tiempo muy estrecho para realizar esa evaluación.
El fallo del alto Tribunal Constitucional ha sido cuestionado por las postuladoras, analistas y constitucionalistas, que coincidieron en decir que el amparo otorgado a la fundación recurrente, es una especie de “gallo gallina… una ruleta rusa”. en consideración que tendrán que trabajar a marchas forzadas en una época que los decanos, magistrados y abogados que integran las postuladoras, gozan de su período anual de vacaciones les será imposible cumplir la orden que dictó el relacionado Tribuna, que actúa con fines políticos, aviesos y violación a los postulados de la Carta Magna.
La orden es draconiana e impugnable. Se ordena a la Carrera Judicial que en ese tiempo revise y publique en el diario oficial y certifique el instrumento de evaluación a magistrados, le otorga el derecho que dicha entidad, contrate a profesionales del derecho para que hagan las evaluaciones de los postulantes. Sin embargo, los integrantes de las postuladoras han mostrado inconformidad por el plazo estrecho para hacer ese trabajo en un período de fin de año cuando las familias hacen planes para el futuro y los académicos salen al extranjero a disfrutar de su periodo anual de descanso.
Los últimos fallos que ha proferido la CC han sido cuestionados. Por resoluciones anteriores, se dejó sin efecto las devaluaciones de las postuladoras. Dando lugar a que los actuales magistrados de la CSJ y salas de apenes, prolongaran su período constitucional de cinco años, que ha sido cuestionado y se ha solicitado antejuicio contra los magistrados de esa entidad, que no ha prosperado y se ha luchado en el Congreso por modificar la Constitución y desconocer a los togados, que sería un golpe “técnico… llegara el día que se pide rendimiento de cuentas a los que por intereses políticos o económicos se pasan la Carta Magna “por el acto del triunfo…” Para muchos aspirantes con méritos académicos ha perdido interés el proceso de elección y selección para esas Cortes, dejando por un lado a reconocidos profesionales que su hoja de vida es incuestionable. Si ahora no mejora la justicia en los próximos cinco años, los conflictos serán el reflejo que nada se logró.