Por Denis Aguilar
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El Frente Ciudadano Contra la Corrupción (FCCC) calificó como mezquina la aprobación y sanción del presidente Jimmy Morales a la Ley de Aceptación de Cargos, señalando que hubo una desnaturalización a la propuesta original.
Para el FCCC, se ha desnaturalizado la propuesta inicial sobre esta ley, la cual aseguran fue pensada como un instrumento legal para agilizar las investigaciones, los procesos judiciales y descongestionar los sistemas penitenciario y judicial de Guatemala.
“La Legislatura saliente tomó la mezquina y perversa decisión de tergiversar, mediante enmiendas de último momento aprobadas en medio de irregularidades procedimentales, la iniciativa de Ley que fue trabajada e impulsada por instituciones de sociedad civil especializadas en materia de Justicia, así como por el Ministerio Público, grupos diversos de la sociedad civil y la CICIG”, manifestaron en un comunicado de prensa.
Debido a esto, el Frente Ciudadano Contra la Corrupción señala que la acción del mandatario de aprobar y sancionar la ley, que fue publicada hoy en el Diario Oficial, se convierte en una forma de procurar impunidad y dar la vía libre para que delincuentes puedan salir de la prisión.
“La legislación irresponsablemente aprobada y sancionada por el presidente Jimmy Morales no solo sirve para procurar impunidad a involucrados en casos de corrupción de alto perfil, sino que abre la posibilidad de ver pronto libres en las calles a delincuentes violentos o que forman parte del crimen organizado y acusados de lavado de dinero”, señalaron.
PIDEN ACTUAR A NUEVAS AUTORIDADES ELECTAS Y A LA CC
Por lo anterior, pidieron a las autoridades electas del Ejecutivo y el Legislativo a pronunciarse públicamente en rechazo de esta ley, que califican como una amenaza contra la justicia, y que se comprometan a utilizar los recursos legales y políticos “para evitar la vigencia de esta aberración jurídica o revertir su aprobación”.
Mientras que a la Corte de Constitucionalidad (CC) le instaron a conocer con la mayor rapidez las acciones interpuestas en contra de esta norma y suspender el decreto, evitando así daños irreparables para los intereses del país.
