Por Cristian Velix
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La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó la decisión de la Sala Primera de Mayor Riesgo de que el abogado Marco Antonio Rosell, sindicado en el Caso Caja de Pandora, debe ser asistido por un profesional del derecho del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).
Dicha resolución de la CC se debe a que el señalado había accionado en contra de la jueza Erika Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, quien ordenó que fuera el IDPP el que ejerciera su defensa en ese proceso penal.
Rosell indicaba que él por ser abogado en ejercicio no necesitaba que otra persona efectuara su defensa técnica, sin embargo, la máxima corte del país le dio la razón a la jueza en el sentido que se está respetando su derecho de defensa.
Según las pesquisas, el procesado, junto a Moisés Galindo, también implicado en el caso, recibieron automóviles de parte del fallecido Byron Lima, los cuales presuntamente eran pagos que reos le hacían a él por motivo de traslado de prisión
