Raúl Molina
Hace setenta y cinco años, la Junta Revolucionaria de Gobierno dictó su decreto doce, el 9 de noviembre de 1944, que otorgó la autonomía a la hoy Usac, a ser efectiva el 1 de diciembre de ese año. Dicho decreto estableció el marco bajo el cual se llegaría a organizar y desarrollar la universidad nacional, autónoma y democrática, que ha permanecido vigente, pese a las múltiples dictaduras militares en el país impuestas por la intervención estadounidense desde 1954. Los ataques contra la universidad por los sectores conservadores del país y las fuerzas armadas a lo largo del período de contrarrevolución y contrainsurgencia le hicieron mucho daño, particularmente con la muerte y exilio de muchos de sus estudiantes, profesores, trabajadores y autoridades; pero logró impedirse la pérdida de su autonomía. Por ello, el aniversario 75, más de 20 años después de haberse firmado la paz, debiese ser motivo de celebraciones especiales, así como ocasión propicia para reiterar el compromiso de poner a la Usac al servicio del pueblo.
Es evidente que la Usac pasa por una crisis reflejo de la crisis global del país. El modelo neoliberal, que ha sumido en la corrupción al Estado, ha tratado de meter sus tentáculos también en la universidad, lo que ha llevado a que esta caiga en actos de corrupción e intentos de privatización, vulnerando con ello la autonomía universitaria. La toma reciente de las instalaciones universitarias, disparada por el bloqueo de la AEU del acceso del Congreso de la República al Musac, para impedir la aprobación de medidas contrarias a los intereses del pueblo, fue un campanazo para el Estado y también para la Usac, que ha dejado de responder a las inquietudes de las nuevas generaciones y la necesidad de cambio del país. En este difícil momento coyuntural, el Consejo Superior Universitario tiene la grave responsabilidad de conmemorar la autonomía universitaria, no con actos pomposos sino que con las medidas firmes que se requieren. La oposición a la “dictadura de la corrupción” debe ser inquebrantable, para rescatar la ética en el Estado. El silencio de las autoridades es inadmisible, ni “por unos dólares más” ni por amenazas físicas o institucionales. No sólo estudiantes debiesen estar enfrente del Palacio Legislativo para exigir que el Presupuesto 2020 no se apruebe; la universidad debiese hacer una revisión del proyecto y proponer su propia iniciativa de ley, para impedir la piñata de las y los corruptos. Pero no debe limitarse a esta actuación técnica y ética; debe actuar en consecuencia y en los primeros seis meses de 2020 concluir la reforma universitaria que se viene exigiendo desde hace más de diez años y que es compromiso del Rector actual para concluir la toma estudiantil. No más retrasos innecesarios: antes de tres meses se debe aprobar un sistema nuevo de elecciones universitarias, verdaderamente democrático, con participación plena de estudiantes, profesores, profesionales y trabajadores, y en los tres meses siguientes se debe reformar la Ley Orgánica en todos sus otros aspectos, con base en los vigentes principios establecidos en el “Decreto de Autonomía Universitaria”.
