POR MARIELA CASTAÑÓN
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En las últimas semanas se han registrados hechos de violencia en contra del personal y del mobiliario de la Aduana de Tecún Umán I y II, así como en contra de miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) en San Marcos. Analistas consultados, representantes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) han explicado lo que consideran el origen de esta situación, así como las pérdidas que provocan el contrabando, la falta de controles, entre otros. Sobre el tema surgen las interrogantes, ¿estos hechos son un reto descarado de la delincuencia al Estado, o corresponde a la falta de políticas económicas y sociales?
El pasado 13 de noviembre, personal de la Aduana Tecún Umán I y agentes de la institución policial, fueron retenidos por personas inconformes con las acciones realizadas en el marco de la Comisión Interinstitucional Contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera (Coincon).
De acuerdo con un comunicado emitido por la SAT, esto ocurrió, dos días después del inicio del operativo interinstitucional denominado “Buen Fin”, en el marco de la Coincon.
Según la información oficial, en estas diligencias, decomisaron el 12 de noviembre –un día antes de los hechos delictivos–, cargadores, audífonos y repuestos para celulares por el contrabando aduanero. Además, abarrotes y se detuvo a una persona por el delito de contravención de medidas sanitarias y contrabando.
El 13 de noviembre, decomisaron a las 10:30 de la mañana, un microbús con mercadería presuntamente de contrabando. A las 12:08 un grupo de inconformes irrumpió a la aduana de Tecún Umán I y causó daños a la infraestructura. A las 12:11, esas personas retuvieron a colaboradores de la SAT y a agentes policiales, les rociaron combustible y amenazaron con tirarlos al río Suchiate.
Después de las coordinaciones entre la SAT y el Ministerio de Gobernación el personal de ambas entidades fue liberado.
El 17 de noviembre, cuatro días después de las retenciones y los problemas registrados en la Aduana I, personas presuntamente vinculadas con el contrabando y la defraudación aduanera, apedrearon las instalaciones de la Aduana de Tecún Umán II, por lo que como medida de seguridad cerraron el portón.
La SAT detalló en un comunicado de prensa, que quienes originaron los disturbios se dirigieron, después a las instalaciones de la subestación policial ubicada en Ayutla, San Marcos y causaron heridas a policías y daños a la infraestructura de esa sede policial.
Por esa razón y como medida preventiva, la SAT también decidió evacuar al personal de la Aduana de Tecún Umán I y suspender operaciones ese día.
REFORZARON SEGURIDAD, NUEVAS ESTRATEGIAS
Abel Cruz, Superintendente de Administración Tributaria (SAT), explica que después de los problemas del 17 de noviembre, no se reportó más violencia, al menos en los operativos conjuntos de la Coincon.
Cruz agrega que la Coincon está conformada por el Ministerio de Gobernación (Mingob), el Ministerio de la Defensa (Mindef), Ministerio Público (MP), Procuraduría General de la Nación (PGN) y la SAT.
El entrevistado dice que el operativo “Buen Fin” concluyó, pero ahora trabajarán en otro operativo junto a las fuerzas armadas, el cual es binacional con México y busca contrarrestar temas de contrabando de ambos lados.
El titular de la SAT dice que, tras lo ocurrido, se reforzó la seguridad por parte del Mingob y el Mindef, en todas las áreas de San Marcos, para fortalecer el combate al contrabando.
Además, después de los últimos incidentes, se reunieron para buscar nuevas estrategias para efectuar los operativos.
“Como Coincon tuvimos una reunión extraordinaria el lunes –de la semana pasada– para evaluar los acontecimientos e iniciar nuevas acciones, diferentes, hasta fin de año. Lo único es que por seguridad no le puedo dar mayor detalle, porque es poner en sobre aviso”, explica.
El profesional dice que los problemas de contrabando están en toda la frontera con México, agrega que la SAT no puede determinar cuánto representa el contrabando, porque lo que incauta lo destruyen, no paga impuesto.
Por otro lado, Cruz dice que buscan contrarrestar el contrabando, no importa si se trata de un contrabandista grande o pequeño.
“SAT va en contra del contrabando, a mí no me importa si son diez aguacates de contrabando-, o si es un millón de aguacates. Nosotros vamos en contra del contrabando, pero es un tema de política institucional”.
Abel Cruz, superintendente de Administración Tributaria.
Por otro lado, según la PNC, de enero a noviembre de este año, han realizado 631 operativos contra el contrabando de mercadería ilegal. Además, han capturado a ocho personas entre 2018 y este año, solo en los municipios de Ayutla y Tecún Umán en San Marcos.
DESAFÍOS Y PÉRDIDAS
Eduardo Girón, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), dice que los desafíos que observan para atender la problemática, es la presencia del Estado en Tecún Umán, pues el personal de seguridad asignado para las aduanas no es suficiente para contrarrestar la cantidad de gente que se dedica al contrabando y después arremete.
“Los ataques fueron porque toda la gente que se dedica al negocio del contrabando, molestos porque se les había incautado una mercadería, lo cual es incomprensible porque están cometiendo un delito, en lugar de –estar– molestos, deberían tener miedo. Ellos toman cartas en el asunto y de una manera anárquica secuestran al personal de la SAT y de las aduanas y eso es completamente inaceptable”, explica Girón.
El Presidente de la CIG agrega que esta situación es un “tema entre fronteras”, de la seguridad nacional y compete el análisis del Ejecutivo para declarar estado de Sitio en las aduanas, porque “tiene que haber” seguridad para los servidores públicos.
“Estamos analizando si es algo que compete –estado de Sitio-, no sabemos quiénes son las personas que están realmente invadiendo las aduanas, si son residentes guatemaltecos, o residentes mexicanos. Lo que, si le puedo decir, es que todas las autoridades, tanto mexicanas como el Ejecutivo y el Mingob, tienen que analizar esto detenidamente, más que se hace en una época donde realmente es una época alta de comercio, donde las industrias nacionales tienden a recuperar lo que no han vendido en el año”, reitera.
El entrevistado considera que no es posible que no existan repercusiones en contra de quienes secuestraron y amenazaron al personal de la SAT y policial en los últimos días.
Por otro lado, Girón indica que a través de Central American Business Information (CABI) realizaron un estudio, utilizando como base la falta de recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), e identificaron que aproximadamente entre Q27 mil millones y Q31 mil millones es el volumen comercial de la mercadería de contrabando anualmente.
“Solo en IVA, la SAT deja de recaudar cerca de Q1 mil millones”.
Eduardo Girón, presidente de CIG.
¿DESCARO O FALTA DE POLÍTICAS?
Dos analistas fueron consultados para conocer sus opiniones sobre lo que ha ocurrido en las aduanas y cuál es el análisis que hacen, tomando en cuenta los hechos relacionados a los grupos que arremeten en contra de las autoridades que incautan mercadería de contrabando, pero también por el origen de esas acciones violentas.
Walter Menchú, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), opina que una debilidad en este tema es la falta de seguridad, porque cuando se realizan esos operativos siempre hay represalias.
De acuerdo con Menchú, la SAT debe aplicar la ley y la gente que evade impuestos a través del contrabando tiene que ajustarse a los reglamentos que deben cumplir.
“No hay ninguna excusa de gente que retenga –a personal de la SAT y policial– y que la SAT dé su brazo a torcer. Lo que deben hacer es implementar la ley, con el uso de la fuerza si es necesario. Lo que debe hacerse ahí es si la SAT no tiene seguridad privada, pedir el apoyo de la PNC o del Ejército, ellos deben hacer cumplir la ley”, reitera el entrevistado.
De acuerdo con el investigador del CIEN, el Estado “no se ha dado a respetar”, ni ha creado estrategias para responder ante situaciones como las reportadas recientemente.
Menchú cuestiona que no pase nada cuando ocurren estos hechos, pero el papel de las autoridades debería ser de investigar y deducir responsabilidades.
“Debería pasar más, el MP ya debería estar investigando quiénes son los que han causado los daños y perjuicios, levantar procesos y darles seguimiento. No es posible que la gente quede en la impunidad de los delitos que están cometiendo, la verdad es que la población y esa gente están acostumbradas históricamente a hacer esas cosas. En el momento en que la autoridad debe imponer el orden y cumplir la ley –la– gente toma esas represalias, pero no se puede hablar de crimen organizado sofisticado, sino gente, contrabandistas, que al final como ven que no tienen ninguna resistencia, empiezan a ponerse violentos y así es como quieren imponer sus condiciones”, argumenta.
Por otro lado, Edgar Celada, analista independiente, opina que este tema no es de seguridad, sino de manejo de la política económica y social, porque el fondo del asunto es que hay una economía nacional que es incapaz de dar satisfactores a las personas, no hay trabajo, ni oportunidades, lo que provoca que la gente busque formas de subsistir.
“Estamos frente a una administración del Estado que les ha perdonado a los grandes contribuyentes la evasión de los impuestos que realmente cuentan, léase Impuestos sobre la Renta, cobro del IVA, que son las fuentes principales del financiamiento del Estado y como ahí han aflojado ¿por dónde aprietan? Por el más débil, con el que se dedica al trasiego que le llaman contrabando, pero que es un trasiego en muchos casos de pura subsistencia, no digo que atrás de los hechos que ocurrieron haya grandes contrabandistas, no lo puedo saber, pero lo que sí tengo por cierto es que hay una gran masa de la población que subsiste, o que complementa su economía a través de ese contrabando hormiga”, argumenta Celada.
Agrega: “A falta de una política económica y social, se pretende criminalizar a los pequeños contrabandistas, a ellos se les persigue, se les aplica la fuerza, una fuerza que no se aplica a los grandes evasores, ese el origen del problema. Cuando las prioridades del Estado están cambiadas, se pretende que las fuerzas de seguridad intervengan con gas lacrimógeno, excesivo uso de la fuerza, con personas que son de la misma clase social de los policías que están reprimiendo”, indica.
El analista aclara que “no está abogando a favor del contrabando”, pero a su criterio, el problema socioeconómico de fondo que es el que no se ve. Agrega que no está de acuerdo que los atacantes procedan de forma violenta, porque la vida de los empleados de la SAT y de los policías tiene un valor que no se puede cuestionar, pero reitera que no se justifica que el Estado dedique fuerzas especiales o preferentes a combatir las formas de subsistencias de la economía informal.
Celada considera que se debe analizar sobre el origen de otros problemas, relacionados con arbitrariedades que llevaron a toda esta situación, pues se debería indagar con profundidad si no ha habido actos corruptos por parte de la PNC, que provocan estos estallidos violentos.
De acuerdo con el entrevistado, a largo plazo, se necesita una política económica, que cree empleos para la gente, porque en la actualidad la población busca como subsistir.
