Factor Méndez Doninelli
En Guatemala siguen pesando los indicadores sociales negativos, según informe de 2019 del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés), este país tiene la tasa de desnutrición crónica más alta de América Latina y el Caribe y el 6º lugar a nivel mundial.
También en Guatemala, los índices de violencia e impunidad son altos y negativos. Un ejemplo, las permanentes amenazas, hostigamientos y criminalización que sobrellevan dirigentes sociales y organizaciones campesinas e indígenas, que reciben todo tipo de ataques ante la total indiferencia de las autoridades responsables de garantizar la vida, seguridad e integridad de las personas, sumado a la ineficaz acción del ente investigador que ejerce el monopolio de la investigación y la persecución penal.
Ante los hechos se denota falta de interés y acción de las autoridades, que se interpreta como respaldo a la impunidad y por tanto, fomenta conductas abusivas de agentes del Estado, de paramilitares y sicarios al servicio de élites a quienes incomoda la lucha de campesinos e indígenas por el acceso a la tierra, la defensa de la vida, del territorio, de los recursos naturales y los derechos humanos (DD. HH.) de la población.
Un caso emblemático es el de dirigentes indígenas y campesinos organizados en el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), quienes por defender los DD. HH. y la recuperación del territorio, son víctimas de acciones violentas y atentados contra su vida e integridad personal.
Esta organización denunció, que en 2018 fueron ejecutados 6 dirigentes y en lo que va del presente año, han perdido la vida 10 defensores de DD. HH. La última víctima es Ángel Leonel Guzmán Matías, 43 años, indígena Queq’chí, ejecutado el 18 de noviembre de varios disparos. El hecho ocurrió en jurisdicción de la aldea Cayuga, municipio de Morales, departamento de Izabal.
Hasta el momento, pocos avances y escasos resultados de las investigaciones para identificar a los responsables de las muertes violentas. Codeca reitera su condena a estos hechos y el compromiso de seguir luchando por la defensa de los DD. HH., la vida, el territorio y el proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional.
Por otra parte, en los centros urbanos persiste el acoso, asedio e intimidación hacia otros colectivos sociales, entre estos Organizaciones No Gubernamentales (Diversas ONG), que han experimentado allanamientos ilegales, saqueo de las oficinas y robo de información.
En el área rural, en particular en comunidades campesinas e indígenas que se resisten a proyectos de extracción minera, hidroeléctricas o monocultivos, las prácticas represivas son ejecutadas por autoridades locales que en contubernio con terratenientes y empresarios neoliberales, siguen la estrategia de sembrar terror e imponer silencio entre la población.
Tal modalidad de terror y silencio ocurre en el departamento de Izabal, en comunidades del municipio de El Estor que rechazan operaciones de la empresa extractora de níquel y otros metales estratégicos. Lo mismo pasa en la aldea Valle Nuevo, municipio de Morales por el saqueo millonario e ilegal de jade, que desde hace varios años compran empresarios extranjeros ante la vista, tolerancia, indiferencia y complicidad de las autoridades de todo nivel. Se estima que por semana se extraen 10 toneladas de jade, cuyo valor puede alcanzar entre 70 y 80 millones de quetzales.
El contexto expuesto es señal de violaciones a libertades y DD. HH., cuya responsabilidad recae en el Estado y sus agentes por acción u omisión.
