Mariela Castañón
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Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) han permitido identificar momentos y cárceles específicas, desde donde los reos han realizado hasta 200 llamadas en un día, coordinan depósitos bancarios y a grupos delincuenciales para continuar con la extorsión, uno de los negocios ilícitos que más afecta a la sociedad guatemalteca.
No se puede generalizar y decir que todos los privados de libertad están involucrados en extorsiones, porque he ingresado a las prisiones y he conocido a personas que a pesar de la corrupción en el sistema, la falta de fuentes de empleo, de espacios académicos y de ocupación, tienen la intención de cambiar de conducta, o simplemente esperan esclarecer su situación jurídica.
Sin embargo, es necesario reiterar que algunas cárceles tienen menos controles que otras y perfiles criminales más peligrosos. El hacinamiento es alarmante, en las 21 prisiones únicamente hay 6 mil 809 espacios carcelarios para 25 mil 341 personas: 13 mil 297 sentenciadas y 12 mil 044 preventivas.
Del Sistema Penitenciario (SP) se puede decir mucho, es débil y corrupto, afectado por la improvisación, falta de planificación en la creación de infraestructura, ausencia de fuentes de trabajo y estudio, entre otras falencias.
Pero no solo el SP tiene responsabilidad en el tema de las extorsiones, por ejemplo, siempre me ha preocupado saber cómo los reos han logrado reunir millones de quetzales de extorsión a través de depósitos bancarios.
La Superintendencia de Bancos ha explicado que cuando detectan una transacción sospechosa inician las diligencias para evitar que esto siga sucediendo, sin embargo, esto lleva un proceso.
Otro aspecto que llama la atención es ¿cómo es posible que un solo reo saque 200 llamadas en un día? Las llamadas también generan ganancias para las telefonías, aunque uno de los argumentos es que el Sistema Penitenciario es el ente corrupto que permite el ingreso de teléfonos y nunca logró bloquear las llamadas, en parte tiene razón.
A mí personalmente me preocupa este tema, probablemente porque he cubierto tantos asesinatos de pilotos y pasajeros del transporte público, dependientes de tiendas, repartidores de bebidas o golosinas, guardias de seguridad, trabajadoras de tortillerías, que se negaron a pagar la extorsión.
Lo peor de todo es que una muerte no termina ahí, afecta a familias, esposas y esposos, padres, hijos, niños, etc. Lamento tanto conocer historias de la niñez que abandona su formación académica para apoyar económicamente en su hogar, de mujeres viudas o padres viudos que deben cumplir un doble rol en medio de carencias, pobreza y depresión.
Estas tragedias humanas que provocan las extorsiones deben atenderse de forma integral, todas las instituciones anteriormente mencionadas deben crear una hoja de ruta y actuar interinstitucionalmente, implementar mecanismos que limiten a los extorsionistas. Es necesaria la prevención y no la reacción. Para empezar no se debe permitir el ingreso de teléfonos, ni esperar que un reo saque 200 llamadas y menos que use el sistema bancario para exigir millones de quetzales.
