Víctor Ferrigno F.
La democracia auténtica consiste en establecer, concertadamente, un pacto social que dé origen a un orden jurídico, político, económico y social, en el que el bien común debe primar sobre el particular. El orden jurídico es necesario para resolver conflictos y garantizar derechos; sin justicia, terminamos matándonos entre nosotros o acabamos oprimidos por grupos de poder que niegan nuestros derechos fundamentales. Por ello, no es exagerado sostener que sin justicia no hay país.
En los Acuerdos de Paz se pactaron más de 40 compromisos para transformar la justicia, los cuales fueron desarrollados por la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia, con representación de los tres poderes del Estado y la ciudadanía. Desde 1996 a 2016 se registraron avances importantes, que ahora están siendo revertidos por el CACIF y el Pacto de Corruptos e Impunes, ante la abulia de una ciudadanía que parece dormida.
Para garantizar la sostenibilidad de las reformas realizadas e impulsar nuevos cambios que hicieran funcional la administración de justicia, los Presidentes de los tres Organismos del Estado (con la asesoría del MP, la ONU y la PDH) presentaron al Congreso una propuesta de reformas constitucionales, en octubre de 2016. Encabezados por el CACIF, el Pacto de Corruptos y los diputados ultraconservadores atacaron la reforma con el argumento más deleznable y racista: se oponían a que el Estado reconociera la potestad de las autoridades ancestrales de administrar justicia, función que han venido desempeñando desde el inicio de la Colonia, ante la ausencia del fuero estatal.
Para evitar que fracasara la reforma constitucional, las propias autoridades ancestrales solicitaron que se eliminara el tema de la jurisdicción indígena, pero ni aun así se pudo avanzar. Los delincuentes que se refugian en el palacio legislativo mutilaron la propuesta, y las comisiones respectivas le dieron dictamen desfavorable, hasta asfixiarla.
El segundo y grave retroceso lo lidera la actual Fiscal General, que omite, retrasa o acelera investigaciones, para complacer intereses espurios, como sucedió con la persecución exprés contra Thelma Aldana, y el congelamiento del caso de Sandra Torres, hasta que ésta gozó de antejuicio, como candidata presidencial. De esa manera, se invalidó la candidatura de Aldana, para favorecer a Torres, aunque el beneficiado fue Giammattei.
Lo más grave es la secuela del caso, pues esta semana se hicieron públicas, en español, las transcripciones del proceso contra Mario Estrada, en las que el agente encubierto de la DEA declaró que el jalapaneco exigió el asesinato de Aldana. Se supo que el Gobierno de EE. UU. advirtió a Consuelo Porras de la conspiración para asesinar a Thelma, y la Fiscal no solo no actuó, sino que le quitó la seguridad a la víctima.
Es de suma gravedad que, con evidencias judiciales e información de la DEA, se destape que el MP trastocó el proceso electoral y solapó la tentativa de asesinato contra la candidata con mayor posibilidad de ganar.
El tercer retroceso es el intento espurio de los diputados corruptos de desaforar al PDH, Jordán Rodas, por no haberse plegado a sus directrices. La defensa de los DD. HH. es vital para la vigencia de la democracia y el Estado de Derecho.
Por último, pero no por ello menos importante, es el incumplimiento de deberes del Consejo de la Carrera Judicial, y la falta de ejecución de Q155 millones, quien ahora aduce que necesita más de siete meses para evaluar a los jueces y magistrados que aspiran a ser electos como magistrados de Sala, atrasando brutalmente la renovación de togados, en un Organismo Judicial plagado de jueces ligados al crimen organizado.
Cuando la justicia cae, el pueblo se levanta. Recuerden la Plaza (2015), Ecuador y Chile.
