POR HEDY QUINO
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La propuesta de ley que presentaron los diputados Felipe Alejos y Juan Ramón Lau, que busca que el colaborador eficaz y el testigo protegido cuente con idoneidad comprobable, es calificada como una medida desesperada. Además, el hecho que uno de sus ponentes es uno de los señalados en el Caso Traficantes de Influencias, crea conflicto de interés, explicaron analistas.
El politólogo Renzo Rosal indicó que de entrada la iniciativa es preocupante, ya que uno de los ponentes es Felipe Alejos, quien es parte del grupo de los diputados nefastos en el Congreso, al igual que su bancada.
Además, llama la atención el hecho que esta iniciativa se presente a pocos meses de que finalice la legislatura y el año. “Eso de por sí, genera dudas, por qué hacerlo hasta ahora”, dijo.
En cuanto al criterio de idoneidad para los testigos protegidos es una medida peligrosa. “Pareciera que quieren ir en contra de los testigos protegidos que han sido fundamentales en los casos de corrupción que revelaron desde 2015 a la fecha”, afirmó Rosal.
“Además, pareciera que la iniciativa de Felipe Alejos, busca quitarles la protección a los testigos y que se conozcan sus nombres y su identidad, poniéndolos en riesgo”, añadió el analista.
MEDIDA DESESPERADA
El experto en política añadió que esta propuesta es una medida desesperada de Alejos, así como una medida pro impunidad, regresiva y para beneficiar a actores presentes y a futuros que se encuentran señalados en casos judiciales.
“Pareciera una medida que busca beneficiar a todos aquellos que están implicados en investigaciones, así como beneficiar sus allegados y seguramente a él mismo, quienes también están implicados en casos en los que la figura del testigo protegido ha sido fundamental”, detalló Rosal.
El politólogo explicó que la iniciativa de Alejos también busca desvirtuar la figura del testigo protegido, así como desvirtuar los casos en los que testigos han brindado información. También quieren la inexistencia de la figura del testigo protegido en el país.
ES UN RETROCESO PARA LAS INVESTIGACIONES
Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), manifestó que la iniciativa de Alejos y Lau implicaría un grave retroceso al Sistema de Justicia, en términos de instrumentos y herramientas que se han utilizado en el marco jurídico.
La consultora de Asies, añadió que, de aprobarse esa propuesta de ley, las investigaciones, no solo en la que se señala a Alejos sino otras más, tendrían un retroceso. Asimismo, se retrocede en los avances en la modernización del ordenamiento jurídico procesal penal.
“Habría un retraso en la investigación y la persecución penal, así como en la Ley del Crimen Organizado. Además, afectaría no solo a las investigaciones de corrupción sino de contrabando, de tráfico ilegal de personas y en los que están involucrados pandillas”, detalló Escobar.
La experta en temas jurídicos indicó que calificar la idoneidad de un testigo es una cuestión subjetiva y que se presta a intereses. Un testigo forma parte de un caso porque participó y conoce el funcionamiento de las estructuras, por ello su declaración es importante en una investigación, siempre y cuando la información que ofrezca sea corroborada, explicó Escobar.
“La iniciativa tiende a inutilizar la figura del colaborador eficaz, el cual ha servido a desmantelar la delincuencia organizada”, dijo la analista de Asies.
CONFLICTO DE INTERÉS
El hecho que Alejos este señalado en el Caso Traficantes de Influencias y que sea él uno de los ponentes de dicha iniciativa, crea un conflicto de interés, si bien no legal sí moral y ético, detalló Escobar.
La entrevistada concluyó que la labor de los diputados es legislar por el bien común y no en beneficio de determinada persona, y en el caso de dicha normativa no se está cumpliendo con esta función.
INICIATIVA DE ALEJOS Y LAU
Los diputados Juan Ramón Lau y Felipe Alejos, este último señalado en el Caso Traficantes de Influencias, buscan por medio de una iniciativa de ley castigar con cárcel al colaborador eficaz por declaraciones que brinden en un proceso penal, así como descalificar las declaraciones de un testigo que presente el Ministerio Público (MP) en un caso judicial, si se considera que no son idóneos.
La propuesta de los diputados es reformar el Código Procesal Penal. Una de estas modificaciones es que los testigos, previo a dar declaraciones, deben contar y comprobar que cuentan con la idoneidad para hacerlo.
Además, buscan agregar un artículo que sancione “violaciones al debido proceso” y para el efecto pretenden penas inconmutables de cinco a ocho años inconmutables.
También tipifican otras situaciones de las que se ha quejado el diputado Alejos dentro de su proceso penal.
