Luego de haberse reunido con el Presidente del Congreso, el Presidente de la Comisión de Postulación para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Félix Serrano, hizo graves críticas a la Corte de Constitucionalidad por el fallo que detuvo el amañado proceso que él mismo estaba dirigiendo sin considerar las normativas de ley que obligaban a esa Postuladora a tomar en cuenta las inexistentes evaluaciones del Consejo de la Carrera Judicial. Evidentemente para Serrano, como para Arzú, el que no se hubieran producido esas evaluaciones era irrelevante porque ya tenían armado el pastel para entregar la lista de los postulados, pasándose por el arco del triunfo la violación de la específica normativa.
Serrano dijo que “Evidentemente estamos fuera de los plazos que están fijados en la misma Constitución; estamos fuera de los márgenes de la Constitución y ninguna institución puede ir más allá de lo que está explícitamente señalado en la Constitución, puede interpretarla, pero no corregirla, no modificarla, esto es importante decirlo, que estamos fuera del plazo que la Constitución fija para la elección de magistrados de la CSJ y Corte de Apelaciones, estamos fuera del plazo constitucional”.
Pero este peculiar y curioso personaje acababa de criticar al Consejo de la Carrera Judicial por la ineficiencia que llevó al incumplimiento de la taxativa normativa que los obligaba a presentar las evaluaciones para que sirvieran como criterio importante para la postulación de los aspirantes a magistrados. Los miembros de ese Consejo dijeron que necesitarán varios meses para hacer las evaluaciones que dejaron de hacer, lo que obliga a entender el marco del problema, ya que no se trata de una resolución caprichosa de la Corte de Constitucionalidad sino de un fallo que demanda y obliga al total cumplimiento del marco legal establecido para hacer las nominaciones que deberá presentar la Postuladora al Congreso de la República.
Según el poco ilustrado criterio de ese Rector, basta que un grupo de mafiosos ignore deliberadamente el cumplimiento de la ley para que, llegado el plazo, se dé prioridad a los tiempos que a la elemental sustancia que significa el que todos los que siendo parte de la Carrera Judicial aspiran a ser magistrados, tengan las evaluaciones correspondientes del Consejo legalmente establecido para realizar esas funciones.
Resulta patética la postura de ese Rector, encargado de la educación superior de miles de personas, mostrando tan pocas luces para entender que el problema no ha sido creado por la Corte de Constitucionalidad, misma que tiene que exigir el cabal cumplimiento de los requisitos en un asunto tan esencial como el de las Postulaciones que, históricamente, se han traducido en el mecanismo para que los grupos de poder se encarguen de la captura del Sistema de Justicia. Si tenemos un Sistema Judicial viciado es precisamente porque bajo las narices de rectores y decanos, los grupitos que saben cómo se opera en comisiones paralelas, han dispuesto quiénes serán los que lleguen a las magistraturas a encargarse de garantizar la supervivencia del régimen de impunidad.
