El Congreso inició ayer otra batalla legal, de esas que tienen la ulterior consecuencia de seguir debilitando a las instituciones de Guatemala, en el marco de los caprichos del grupo de diputados que está a dos meses y medio de perder su poder y el control que tienen sobre el Poder Legislativo. La denuncia penal en contra del Procurador de los Derechos Humanos es obviamente improcedente y responde únicamente a la frustración que sienten luego de que su promocionada citación al PDH en la Comisión de Derechos Humanos tuvo tan magro resultado que ni siquiera hizo llegar a todos los miembros de esa sala de trabajo del Congreso.
Cinco gatos, literalmente hablando, montaron todo un espectáculo en el que se preparó el escenario asegurando sillones de primera fila para que insultaran al PDH a los que han acompañado al célebre Pacto de Corruptos desde que empezó la lucha para afianzar el régimen de impunidad en el país, en tanto que la fuerza pública hizo alarde con una masiva presencia para atajar el paso a los grupos sociales que respaldan al Procurador de los Derechos Humanos.
Ya señalamos la supina ignorancia de Arzú y compañía al sostener que no cabe el “debido proceso” en la destitución que desean del PDH porque, según ellos, en la vida lo único que debe llevar un debido proceso son los juicios en los tribunales de justicia. La Constitución establece las causales y las formas en que un Procurador de Derechos Humanos puede ser removido del cargo y para lograrlo se tiene que cumplir, fielmente, con el debido proceso señalado por la Constitución de la República.
Sentando el precedente de que por capricho de cinco diputados se puede destituir a un Procurador, se está haciendo un enorme y gravísimo daño a la institucionalidad nacional y sin duda que el agravio terminará siendo conocido por la Corte de Constitucionalidad y eso, finalmente, es lo que andan buscando porque su objetivo no es solo el PDH sino especialmente descabezar a la CC y se lo han propuesto con todo vigor y entusiasmo.
El inicio de esta otra batalla legal sirve para entender que todo llegará nuevamente a los estrados de la Corte de Constitucionalidad que ha sido descaradamente desobedecida por todos los del ya mencionado Pacto y sin consecuencias, porque el MP, llamado a ser garante de la debida ejecución de los fallos de la CC, ha dicho que su tarea es estar de vigilante, sin mover un pinche dedo, para obligar al acatamiento de las resoluciones del alto tribunal.
