POR MARIELA CASTAÑÓN
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Familiares de reos sindicados por el delito de lavado de dinero, pidieron atención a diferentes instituciones del Estado para que atiendan sus casos, pues, aunque algunos ya han cumplido sentencia, deben permanecer en prisión porque no pueden pagar el dinero que se les decomisó al momento de ser detenidos.
Parientes de los presidiarios se comunicaron por escrito y vía telefónica con La Hora para exponer la situación que les afecta.
“Tienen un doble delito, porque cumplen la condena con prisión y aparte de eso deben pagar la multa, están pagando dos penas por un delito”, indicó una familiar y representante de los privados de libertad.
De acuerdo con la entrevistada, han entregado memoriales a diferentes instituciones para que les presten atención, pero no ha sucedido nada, por ello piden la intervención del Congreso de la República, a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), a la Oficina Nacional de Prevención de Tortura.
De acuerdo con el Sistema Penitenciario (SP), actualmente hay 476 privados de libertad sindicados por el delito de lavado de dinero, 130 son mujeres y 326 hombres.
INCONSTITUCIONALIDAD PARCIAL
El 25 de enero de 2017, abogados del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) presentaron una inconstitucionalidad parcial del artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, debido a que establece que, en caso del incumplimiento del pago de la multa impuesta, se convierta en prisión para un sindicado. El IDPP consideró que esa imposición representa una doble penalidad.
El IDPP accionó tras conocer el caso del reo Rubén Estuardo Tobar Ramírez, quien se cosió la boca al conocer la multa impuesta y por la que debía pagar US$501,132.
