La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la jueza Érika Aifán y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) Bonerge Mejía, Francisco de Mata Vela, José Mynor Par Usén y María Cristina Fernández y solicitó al Estado guatemalteco adoptar las medidas necesarias para proteger a la jueza y a los magistrados quienes estarían siendo objeto de amenazas y hostigamientos en el marco de sus labores.
Por Redacción La Hora
En el caso de los magistrados de la CC, la solicitud de medidas cautelares fue interpuesta en un momento en que dicho órgano se encontraba estudiando amparos para permitir la permanencia e ingreso de los miembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, durante diciembre de 2018 y enero de 2019, detalla la resolución.
De acuerdo con los solicitantes, la Procuraduría de Derechos Humanos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), los magistrados fueron objeto de presiones e injerencias a su independencia como magistrados desde el 2017. Uno de los riegos más determinantes, a juicio de la Procuraduría y CEJIL, son las solicitudes de antejuicio presentadas en su contra para que sean procesados por prevaricato, abuso de autoridad, emitir órdenes contrarias a la Constitución y sean removidos de su cargo.
Adicionalmente, indicaron que los ahora beneficiarios están expuestos a un posible riesgo de cara a sus derechos a la vida e integridad personal y que siguen en riesgo puesto que están conociendo casos de cierta relevancia.
El primero tiene que ver con la emisión de un amparo, el 18 de julio 2019 en contra de la promulgación de la Ley de Reconciliación Nacional, que pretende otorgar una amnistía general para delitos cometidos en el conflicto armado interno. Como consecuencia, se habrían generado mensajes de descalificación contra los magistrados.
Adicionalmente un diputado solicitó en rueda de prensa al director de la Policía Nacional Civil que detuviera a los magistrados Mejía, de Mata Vela y Porras. En el caso de Porras, la Comisión explicó que ella ya cuenta con medidas cautelares.
CASO AIFÁN
La solicitud de medidas cautelares fue interpuesta en junio de 2018 por la PDH.
Según la resolución de la CIDH, a partir de casos mediáticos que la jueza ha llevado, empezó a ser objeto de represalias. La solicitud entregada señaló la existencia de una supuesta campaña de desprestigio en redes sociales y que tanto Aifán como su familia recibieron amenazas.
Los solicitantes informaron que el 31 de agosto la jueza fue objeto de seguimiento por parte de vehículos desconocidos, uno de ellos sin placa y que se percató que una de las personas la estaba grabando.
De acuerdo con la solicitud entregada, la jueza tenía sospechas de que su teléfono estaba intervenido. Además se informó que el 21 de junio de 2019 el notificador de su juzgado presuntamente filtró información reservada en relación a los expedientes de alto impacto como los casos “Fénix” y “Caja de Pandora”.
Por su parte, según la resolución, el Estado respondió que la jueza cuenta con un esquema de seguridad implementado por el Organismo Judicial (OJ).
Adicionalmente contaría con un vehículo blindado asignado de manera temporal y en sustitución de otro vehículo también blindado al que recientemente se le hizo unas reparaciones.
En cuanto a las denuncias de la jueza, por las amenazas de las que presuntamente fue objeto, el Estado respondió que de las seis quejas administrativas interpuestas en contra de Aifán, cuatro fueron archivadas, a una no le dieron trámite y en la actualidad solo hay una pendiente de resolución.
De acuerdo con la CIDH, la jueza Aifán se encuentra en una situación similar a la que atravesaron la jueza Yassmín Barrios y la entonces fiscal general Thelma Aldana, en la medida que estaría a cargo de una serie de procesos cuya repercusión e importancia son susceptibles de exponerla a mayores riesgos.
“…Tampoco puede obviarse el contexto particular que atraviesa Guatemala en estos momentos, en que las alegadas presiones e injerencias de otros poderes del Estado y actores sociales poderosos influyen cualitativamente en la conformación de un clima particularmente hostil…” señaló la Comisión.
De acuerdo con la CIDH, en ambos casos ha considerado que los beneficiarios se encuentran en situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
